El Juzgado Noveno Penal, a cargo del juez Guillermo Luna, ordenó el embargo del 35% del salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y la suspensión de pagos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), dentro del caso UNOPS-Corrupción Presidencial, promovido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Durante una audiencia unilateral, el fiscal Rafael Curruchiche solicitó ambas medidas como acciones precautorias, argumentando posibles irregularidades en los desembolsos vinculados al contrato con UNOPS. Según el Ministerio Público, el embargo busca asegurar fondos en caso de que se realicen pagos mientras avanza la investigación.

Curruchiche señaló que el Ministerio de Salud “puede adquirir medicamentos por medio de la OPS, Comisca o UNOPS”, y rechazó que el Ministerio Público sea responsable del desabastecimiento hospitalario. Aseguró que solo el 7% de los medicamentos, de un total superior a Q1,000 millones, se compraron mediante UNOPS.

El contrato bajo investigación fue suscrito en abril de 2024 por el entonces ministro Óscar Cordón y la dirección local de UNOPS, por un monto de US$943.9 millones.

La fiscalía acusa a funcionarios del actual gobierno de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado, y solicitó retirar la inmunidad a Barnoya.

El Ministerio de Salud rechazó la resolución, señalando que “no se ajusta al marco legal vigente” y que continúa implementando mecanismos alternativos para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en la red nacional.

Redacción Web