En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Guatemala solicitó el 30 de octubre el acompañamiento del organismo ante lo que calificó como una “grave amenaza al orden constitucional”, atribuida al juez Fredy Orellana y a otros actores del poder judicial.

Desde Washington, el canciller Carlos Ramiro Martínez advirtió sobre la politización del derecho penal y pidió el monitoreo internacional de la crisis institucional que atraviesa el país.

En un espacio de análisis de Canal Antigua, el embajador y experto en relaciones internacionales Luis Fernando Andrade examinó las implicaciones de esta solicitud, los escenarios que abre para Guatemala y los riesgos diplomáticos que podría conllevar.

El embajador añadió que la comunidad internacional va a llegar a ciertos límites y este es un asunto interno destacó.

Cuando un Estado lleva su crisis institucional ante una organización regional, la señal no es solo de debilidad: es de urgencia.

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Redacción por Roxana de León