Un pandillero presentó un amparo contra la Ley Antipandillas y la Presidencia lo rechazó. Santiago Palomo cuestionó la acción y afirmó que el Gobierno seguirá aplicando la normativa para reforzar la seguridad.
La entrada en vigencia de la Ley Antipandillas abrió una controversia luego de que un integrante de la Mara Salvatrucha, condenado por extorsión, presentara un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar frenar la normativa.
La acción legal, interpuesta por Dylan Smaily Archila García, alega que el amparo presentado, el marero, a través de su abogado, alega que se irrespetaron derechos y se cometieron ilegalidades. Entre estas que la Ley fue aprobada con más del 30% de enmiendas.
Así como que se agregaron artículos a una ley que no tenía relación con la discusión.
La normativa autoriza al Ministerio de Gobernación a utilizar hasta Q200 millones para adquirir equipo con respaldo de países aliados y establece un plazo máximo de un año para construir un centro de detención de máxima seguridad exclusivo para integrantes de estructuras criminales transnacionales.
Su presentación ocurre en un entorno ya marcado por hechos recientes vinculados a las pandillas: la declaración del Barrio 18 como organización terrorista extranjera y la fuga de 20 reclusos en Fraijanes II
Mientras la CC decide si admite o no el amparo presentado por el integrante de la Mara Salvatrucha, el Ejecutivo reitera que la implementación de la Ley Antipandillas continuará sin modificaciones.
Por Andrea Palacios
