El Congreso de la República aprobó con 129 votos a favor el Decreto 21-2025 que reforma la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida también como Ley de ANADIE.
Los diputados comenzaron a aprobar la ley desde el artículo 9 debido a que en la sesión plenaria celebrada el pasado 18 de noviembre, la discusión y aprobación quedó en ese artículo por falta de acuerdos.
En esa sesión, diputados de Raíces intentaron dejar a la iniciativa privada fuera del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), moción que no tuvo éxito y detuvo la aprobación de la ley.
Para esta ocasión también se rechazó el artículo 9 con el cual se pretendía reformar la integración del Conadie y por tanto, este seguirá como lo indica la ley vigente y la iniciativa privada seguirá integrándolo.
Es decir que el mismo quedará integrado de la siguiente forma:
- Ministro de Economía, quien lo preside
- Ministro de Finanzas
- Director Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad – Pronacom-
- Presidente del Cacif
- Presidente de la Cámara de la Construcción
Entre las reformas que se hicieron a la ley están las funciones generales y específicas del Conadie y ahora tendrá la misión de elaborar la Política y Plan de Acción de la modalidad de contratación de
alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.
También, deberá aprobar la admisión y priorización de iniciativas y proyectos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y aprobar los estudios previos al régimen de Licitación, así como las bases de licitación.
Asimismo, deberá aprobar o modificar el régimen de compras o contrataciones del Fondo de Capital Privativo de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Tras la aprobación la mayoría de diputados mostraron su satisfacción por dichas reformas, aunque algunos otros también dejaron ver su rechazo.
El decreto señala que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá desarrollar y ajustar los módulos de los sistemas de administración financiera que correspondan o fueren requeridos, sistemas de contrataciones y otros necesarios para dar viabilidad a las disposiciones aprobadas en un término de 12 meses contados a partir de la vigencia de la Ley.
Cabe mencionar que en concreto, la Ley busca que el Estado tenga mayor agilidad para aprobar proyectos en alianzas público-privadas, en donde se estaría eliminando una segunda autorización que recaía en el Congreso para que las obras se realizaran.
Redacción por Bryan Choy
