Aumento al salario mínimo, ha hecho que sectores económicos y empresariales de nuestro país se pronuncien.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) indicó que el sector privado participó de forma activa en el diálogo sobre el salario mínimo, presentando propuestas técnicas diferenciadas por región; sin embargo, aseguró que estas no habrían sido tomadas en cuenta.

A juicio del CACIF, un aumento salarial sin base técnica profundiza el problema de la informalidad, que ya alcanza a cerca del 70 % de la población económicamente activa, y podría empujar a más trabajadores a salir del empleo formal, con la consecuente pérdida de prestaciones y acceso a la seguridad social. En su comunicado, la organización señaló que miles de trabajadores podrían verse forzados a migrar del empleo formal al informal, afectando directamente a sus familias.

El CACIF recordó que decisiones similares adoptadas en 2025 frenaron la recuperación del empleo formal, lo que evitó la creación de aproximadamente 40 mil puestos de trabajo, y advirtió que el ajuste previsto para 2026 podría agravar esta situación, especialmente entre los jóvenes. Además, alertó que las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas, poniendo en riesgo su sostenibilidad.

Finalmente, la organización subrayó la necesidad de implementar una política salarial integral, alineada con la productividad y la competitividad del país, y advirtió que el incremento decretado para 2026 pone en riesgo la generación de empleo formal y la estabilidad económica nacional.

Por su parte, la Cámara de Comercio Americana (AmCham) emitió un comunicado de prensa en el que señaló que comparte la importancia de promover el bienestar y el desarrollo económico del país; no obstante, consideró que la decisión debió tomar en cuenta las condiciones sectoriales y regionales.

El pronunciamiento añadió que, a nivel regional, los inversionistas evalúan el costo laboral junto con otros factores clave para la inversión, los cuales, al no estar garantizados en el país, podrían generar efectos negativos.

Asimismo, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga publicó un comunicado en redes sociales en el que rechaza el aumento al salario mínimo por la falta de datos técnicos, especialmente por no considerar los problemas operativos que enfrenta el sector. Según el pronunciamiento, su operatividad se ve afectada por la mala infraestructura vial, que encarece y ralentiza los traslados; el exceso de trámites; los retrasos en puertos y fronteras; la inseguridad y criminalidad, con robos y asaltos frecuentes; y los altos costos operativos, como combustible, repuestos, mantenimiento y seguro.