Diputados y autoridades de seguridad analizaron los avances del proyecto para construir una cárcel de máxima seguridad en Izabal, mientras que alcaldes y vecinos expresaron preocupación por la ubicación del centro penitenciario.
La posible construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal genera inquietud entre autoridades locales, principalmente por la cercanía del terreno propuesto con zonas pobladas y los riesgos que esto podría representar para la seguridad y el desarrollo económico del área.
Ante este escenario, diputados del distrito y autoridades de seguridad sostuvieron una reunión de trabajo para revisar los avances de los estudios previos y la viabilidad del proyecto, además de fiscalizar el proceso antes de que se defina el inicio de la obra.
En el encuentro participaron representantes del Ministerio de la Defensa Nacional, la Policía Nacional Civil y autoridades municipales, convocados por la diputada por Izabal, Thelma Ramírez; mientras que el alcalde de Morales, Maynor Portillo, expresó preocupación por la ubicación prevista del centro penitenciario.
La diputada Ramírez, quien dirigió la mesa de trabajo, también expresó su inconformidad por la ausencia de los titulares del Ministerio de Gobernación de Guatemala y del Ministerio de la Defensa Nacional. Según indicó, la presencia de ambos funcionarios era clave para atender las inquietudes de las autoridades municipales y de los habitantes del departamento.
En la misma línea, el diputado por Izabal Juan Ramón Rivas afirmó que, al igual que ocurrió con un terreno propuesto anteriormente en el departamento de Petén, el espacio evaluado en Izabal tampoco cumpliría con las condiciones necesarias para albergar una prisión de máxima seguridad.
Por ello, indicó que se está solicitando a las autoridades que analicen la posibilidad de ubicar el proyecto en otro departamento.
Los diputados señalaron que estas reuniones buscan garantizar que la eventual construcción del centro penitenciario se base en criterios técnicos, de seguridad y en el impacto que tendría en las comunidades cercanas.
La iniciativa se enmarca en la llamada “ley antipandillas”, aprobada por el Congreso, que declara a las maras como organizaciones criminales y terroristas y endurece las penas contra quienes integren o colaboren con estas estructuras.
La normativa también contempla la construcción de cárceles de máxima seguridad, destinadas a recluir a integrantes de pandillas bajo esquemas de vigilancia más estrictos y con mayores restricciones para evitar que continúen operando desde prisión.
Como parte del seguimiento, las autoridades acordaron sostener una nueva reunión el lunes 16 de marzo, en la que se espera conocer avances en los estudios técnicos y posibles alternativas para la ubicación del proyecto.
Por Bryan Choy
