En ALas845 hablamos de, “Fiscal General: impugnaciones, legalidad y el pulso final de la nómina de seis”.
El invitado Arturo Miranda, abogado y notario, analista legal, resaltó que abogados jóvenes fueron los primeros en quedar fuera en la contienda en la postuladora para fiscal general, además de la experiencia de los jueces.
“El común denominador es la judicialización. Con tal número de acciones es exagerado el número, que suman ya 23 y 3 denuncias. Hay 50% de amparos y es un número elevado. Yo tengo sorpresa porque en medio de la polarización, es una nómina que nadie esperaba”, dijo.
Sobre las impugnaciones, Miranda aseguró que en cuanto a los amparos, están garantizados constitucionalmente, y dijo que por la “paz social” vaticina que la mayoría de impugnaciones serán rechazadas. “Por la certeza jurídica el plazo tiene que ser respetado. La inconformidad se basa en las tablas de gradación. Me atrevo a decir que el 100 % quedarán sin lugar”, dijo.
Resaltó que el problema radica en la tabla de gradación pues a su criterio se pondera dependiendo de la coyuntura. “No es la misma de ahora con otras veces, y el no tener regulado para ponderar una tabla de gradación uniforme, deja a criterio de cada comisión el ponderarlas como quieran, y eso ha traído los problemas”, aseguró.
En el caso de Marco Antonio Villeda y los cuestionamientos sobre la validez de su experiencia como juez, un hecho que nunca antes se había presentado en un proceso de comisiones, Miranda recordó estar en oposición de que el Presidente de la República tenga la potestad de elegir al fiscal general, pues se evita el pago de favores. “Debe de haber una prohibición. Otro tema es el PDH que es muy afín al gobierno y nombrado por el presidente. Debería tener esa prohibición para acceder al cargo”, dijo en el caso del actual procurador Julio Saavedra que se postuló al cargo.
Miranda criticó que Villeda argumente que no debe estar registrado como abogado, otro elemento que resalta controversia, pues “no puede alegar ignorancia de la ley”. “Se necesita para poder ejercer la profesión. Se necesita pasar por este registro. Incluso no nos dan el protocolo si no nos dan la juramentación”, explicó.
En relación a las denuncias presentadas, aseguró que son “obligatorias”, e incluso los comisionados debieron hacerlo si percibieron algún delito. “Todo funcionario está obligado a denunciar. En el caso de Villeda hay que recordar que tiene un permiso del OJ y por eso será duda si tendrá el derecho de antejuicio efectivo. Creo que sí será un problema. El presidente salió molesto por su exclusión de la nómina, y podemos ver que hay una preferencia, lo cual no debe existir en una elección de fiscal”, indicó.
Pese a todo, Miranda dijo esperar que el proceso no se retrotraiga al inicio, y resaltó que la CC en muchos casos prefiere “la paz social que apegarse estrictamente a la norma”.
Pero el experto dijo que ante la gran cantidad de impugnaciones y amparos se da cuenta que el proceso “ya no está funcionando”.
La entrevista completa:
