Impugnaciones, amparos y señalamientos contra aspirantes marcan esta fase, justo cuando corre el plazo de 72 horas para presentar objeciones.
Este periodo es determinante, ya que cualquier resolución podría alterar la lista de seis candidatos que será enviada al Presidente de la República.
No es la primera vez que este proceso enfrenta tensiones. En elecciones anteriores, decisiones judiciales han cambiado listados o condicionado etapas clave, en medio de debates entre legalidad y legitimidad.
El análisis jurídico es clave para entender hasta dónde pueden llegar estas acciones y qué impacto tienen en la institucionalidad del país.
De acuerdo con el analista legal Arturo Miranda, en estos escenarios la Corte de Constitucionalidad suele priorizar la estabilidad y la paz social.
El proceso avanza en un punto donde derecho, política e institucionalidad se cruzan, y donde cada resolución puede incidir directamente en la elección final.
Para ver la entrevista completa, puede visitar el canal de YouTube de Canal Antigua.
Redacción por Roxana de León







