En un programa especial de ALas845 el equipo de analistas de Canal Antigua, debatió sobre la coyuntura política nacional tras la aprobación de la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero y las reformas presupuestarias para fortalecer al TSE, la reorganización de los partidos políticos y la respuesta del sistema político frente a las demandas ciudadanas.
La política nacional comienza a girar aceleradamente hacia las elecciones de 2027, en el contexto de la aprobación de la nueva Ley Integral Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y una reforma financiera del Tribunal Supremo Electoral para iniciar los preparativos del próximo proceso electoral. Además, los partidos comienzan a reorganizarse y nuevas figuras buscan posicionarse, pero persisten preocupaciones ciudadanas en varios temas.
La Ley Antilavado
Conrado Reyes dijo sobre la actualización antilavado, que lo relevante es que el país recibirá en enero de 2027 la visita de GAFILAT la cual observará cómo se está implementando ya la normativa. “Nosotros siempre vamos un tiempo atrás, siempre contrarreloj. Todos se sumaron hasta los últimos dos meses. El año pasado no se veía este apoyo. No hay santo ni en el actual, ni en el anterior Congreso. Es un reto que ya no depende de coyunturas, sino es un tema global”, dijo.
Por su lado, el analista Héctor Pérez, explicó que un factor fue la embajada estadounidense y todos los grupos actuaron a última hora, pero “cuando fue necesario”. “La Comisión de Economía la tuvo el mismo grupo, y esta presidencia de ahora, lo que dio seguimiento a la comisión en su trabajo. Cualquier otro diría que no pasó, pero cuando la presión ya era mucha, se dijo que ese lunes que entraran los medios, y que a viva voz todos los diputados estuvieran de acuerdo. La línea de presión fue de todo mundo”, dijo.
Mario Rosales, acerca de declaraciones del Presidente del Congreso sobre la posibilidad de que la normativa tenga inconstitucionalidades, recalcó que “difícilmente la normativa se caiga”. “Esto porque hubo actores que se pronunciaron, como la embajada. En resumen fueron 3 o 4 tuits de la embajada estadounidense, y sumado a las cámaras empresariales, que hasta hicieron una conferencia como pocas veces se ha hecho”, indicó.
Por su lado, Reyes calificó como “democrático” que los grupos académicos, entidades bancarias y otros sectores, realicen un estudio minucioso y, si se hallan dudas en la normativa, “que planteen las acciones de inconstitucionalidad”. “Hay algunos aspectos como los hubo en 2001. En tanto la CC no suspenda determinada parte, la ley sigue vigente. La aplicación de normas internacionales, sí es necesario tropicalizarlo. Hasta donde yo he podido revisar en un alto porcentaje la ley, no tendrá mayor complicación”, dijo.
Rosales ironizó que de los 160 diputados que componen el Congreso, solo “unos 10” entendían el fondo de la normativa. “Sí hubo diputados y en la comisión de economía que entendieron la normativa, y son los que menos se han colgado las medallas”.
Reyes insistió en que el reglamento podrá despejar las dudas, por lo que “aún queda mucha agua por correr”. “La implementación llevará 3 o 4 años. Ya tenemos 25 años de vivir con este sistema, pero ahora el ámbito financiero es diferente, como la tecnología; y eso no existía en el 2005”, explicó.
Más recursos aprobados para el TSE
En el otro tema de la noche, sobre el otro decreto avalado la noche del martes para incrementar presupuesto al TSE para las elecciones del 2027, Cano dijo que el tribunal ha “sufrido mucho en los últimos años”. “Su credibilidad ha sido impactada, ha habido un desgaste por acusaciones de fraude. Se habló de fraudes electorales y una serie de errores, y ese es uno de los retos que es recuperar la confianza en ese proceso electoral”, dijo.
Rosales explicó que es indispensable que el TSE “salga a dar mensajes certeros y que den confianza”. “Por ejemplo, sacaron una circlar de que no se podía ingresar dispositivos electrónicos a la sede, no era ideal hacerlo, porque si hay un tema de hackeo, no será que entre alguien con un dispositivo a querer hackear”, criticó.
Por su lado, Reyes, agregó que la población tiene certeza de las juntas electorales, pero la “mala administración” del traslado de las actas de votación al centro de cómputo, es lo que ha generado elecciones con “serias dudas”. Agregó que los recursos dotados al tribunal serán la primera prueba para observar su transparencia.
“Son Q620 millones lo que les trasladaron y allí es donde ellos darán la primera muestra de transparencia y responsabilidad”, resaltó.
Cano añadió que el sistema nacional electoral “funciona bien”, pero hay detalles por resaltar. “Sí se cometen errores en las actas, yo lo he visto, como las firmas y cuando se les consulta al TSE, dicen que son errores; lo cual no está tipificado por la ley electoral”, señaló.
El analista Pérez aportó la falta de capacitación de las juntas electorales y de los ciudadanos, pero alabó que el sistema electoral es ideal para el país. “Como en el interior del país, las personas estaban allí por voluntad”, dijo.
Rosales agregó que en 2023 hubo iniciativas que “casaron” con los resultados del TSE y que confirmaron los resultados favorables a Bernardo Arévalo. “Además estaban los resultados de 4 partidos políticos, por lo que no se puede hablar de fraude”, defendió.
Cano rebatió que “independientemente si se habla de fraude o no”, el desgaste del TSE es “evidente”.
Pérez declaró que el decreto aprobado le da la vía al TSE a empezar procesos de compras. “Tienen que evidenciar la eficiencia de sus procesos”, resaltó.
“No existe una maestría o un posgrado para estudiar ley electoral, y allí hay una debilidad académica. Las ganas de los nuevos magistrados son evidentes y sé que hay muchas acciones que se están tomando; yo he investigado, pero el asunto es quién más lo sabe”, finalizó Cano, resaltando la falta de preparación académica en temas electorales.
El panorama partidario
En el último tema del análisis, se discutió el contexto partidario y que al momento existen por lo menos 28 agrupaciones confirmadas. “Hay comités que ya llegaron el límite de afiliados y otros dos que ya están cerca, y hay ya figuras políticas que los lideran”, explicó Cano.
Pérez resaltó que una de las acciones faltantes es reformar y actualizar la ley electoral. “Aunque no hay fraude, también se dan otras acciones como forzar la entrega de finiquitos y otros procesos partidarios; todo esto tiene que aclararse. El TSE debe dar certeza a los grupos políticos y a la población. Ahora resulta que todos los que serán posibles candidatos son secretarios de formación política, por lo que andan en giras; lo cual es permitido, y esto quiere decir que la ley no es clara”, criticó.
Ligando la normativa antilavado, Reyes enfatizó la “judicialización del proceso electoral” y en cómo Estados Unidos será un factor relevante. “Antes un candidato preferido era bajado de la contienda por una denuncia, por finiquitos, etcétera. Además, se le entregan finiquitos a personajes de dudosa trayectoria. Ese será ahora un tema muy diferente, y es la responsabilidad de cada uno de los partidos. Si los partidos no entienden que la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que declara a todo el continente prioritario, e inscriben a uno o dos candidatos con récord de organizaciones ilegales, la verdad es que no habrá en estas elecciones el mismo silencio y compadrazgo que se vivió antes”, finalizó.
