La incertidumbre jurídica y los conflictos administrativos continúan generando preocupación entre inversionistas y sectores productivos del país. Esta vez, la controversia gira en torno a la autopista privada Xochi, un proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad en la Costa Sur y cuya inauguración está prevista para los próximos días.
La empresa desarrolladora denunció que la Municipalidad de Mazatenango colocó rótulos con la leyenda “Obra cancelada” en uno de los tramos de la autopista, pese a que el proyecto se encuentra en su fase final y tenía programada su apertura al público para el próximo 14 de junio.
La autopista Xochi se extiende desde el kilómetro 142.5, en San Antonio, Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. El proyecto fue concebido para reducir los congestionamientos vehiculares en la ruta al suroccidente, facilitar el acceso a los parques del Irtra y mejorar la movilidad hacia las playas del Pacífico.
En un comunicado, la empresa aseguró que ha cumplido con todos los requisitos legales y regulatorios exigidos para la construcción y operación de la obra. Además, indicó que en febrero solicitó una segunda prórroga de la licencia de construcción ante la Municipalidad de Mazatenango, luego de haber obtenido una primera ampliación. Sin embargo, señaló que la comuna no ha emitido una resolución sobre dicha solicitud.
La compañía también afirmó que el pasado 4 de junio autoridades municipales restringieron el paso en un tramo del proyecto sin notificación previa ni explicación formal, situación que, según la empresa, vulnera el debido proceso y afecta una propiedad privada.
Ante este escenario, los desarrolladores informaron que han presentado acciones legales ante las instancias correspondientes y reiteraron su intención de inaugurar la obra conforme al cronograma previsto.
La situación ha generado reacciones de diversos sectores empresariales. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Industria de Guatemala, la Cámara del Agro y Fundesa expresaron su preocupación por las medidas adoptadas contra el proyecto.
En sus pronunciamientos, las organizaciones señalaron que la interrupción de un tramo de la autopista podría afectar la confianza de los inversionistas y enviar señales negativas para el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura en el país.
El CACIF afirmó que el Corredor Xochi ha cumplido con los permisos y autorizaciones requeridos para su operación y consideró que el cierre del acceso al derecho de vía constituye una posible afectación a principios como la propiedad privada, el debido proceso y la libertad de industria, comercio y trabajo.
Por su parte, la Cámara de Industria sostuvo que la burocracia y la falta de certeza jurídica representan obstáculos para el desarrollo económico, mientras que la Cámara de Comercio manifestó su preocupación por las acciones que podrían comprometer un proyecto orientado a mejorar la movilidad, la competitividad y el crecimiento económico de la Costa Sur.
El caso continúa en desarrollo mientras las partes involucradas buscan una solución que permita definir el futuro de una de las obras viales privadas más importantes impulsadas recientemente en la región.
Redacción por Renato Martínez
