Las amenazas contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad ya provocaron la implementación de medidas de seguridad por parte de la PNC, mientras el Congreso exige avances en las investigaciones para identificar a los responsables.

Las amenazas denunciadas contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron abordadas este jueves en el Congreso de la República, donde autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil informaron sobre el avance de las investigaciones y las medidas de seguridad implementadas para resguardar a los integrantes del máximo tribunal constitucional.

Durante la citación también se planteó la necesidad de que el Ministerio Público investigue el origen de los mensajes de amenaza dirigidos contra los magistrados, los cuales surgieron tras las resoluciones relacionadas con la Universidad de San Carlos y el rector Walter Mazariegos.

En el desarrollo de la reunión se señaló que los presuntos responsables serían exintegrantes del movimiento estudiantil de la Usac, por lo que se pidió establecer si existe responsabilidad penal. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas o diligencias concluidas y las investigaciones permanecen en curso.

Por su parte, el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, informó que cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad ya cuentan con esquemas de seguridad proporcionados por agentes de la PNC.

Las medidas incluyen vigilancia tanto en la sede de la alta corte como en las residencias de los togados, luego de las amenazas que fueron denunciadas públicamente por la propia CC mediante un comunicado.

El funcionario añadió que las autoridades mantienen un expediente abierto y que las investigaciones continúan para establecer el origen de las amenazas e identificar a los responsables.

Las acciones de protección se producen en un contexto de tensión derivado de resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad sobre asuntos relacionados con la Universidad de San Carlos, decisiones que han generado reacciones de distintos sectores.

Mientras las pesquisas avanzan, las autoridades aseguraron que se mantendrán las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los magistrados y el normal funcionamiento del máximo tribunal constitucional del país.

Por Bryan Choy