Arévalo reacciona al anuncio de EE. UU. de localizar personas para cobro de multas migratorias
Según el mandatario, si el cobro se delega a una empresa privada, deberá actuar dentro de ciertos límites y aseguró que el Gobierno no permitirá acciones al "margen de la ley".

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Estados Unidos busca ampliar fuera de sus fronteras el cobro de multas migratorias y analiza contratar a una empresa privada para localizar a personas con sanciones pendientes en Guatemala, México y Honduras.

Estados Unidos busca llevar el cobro de sanciones migratorias directamente a los países donde ahora residen personas que fueron expulsadas o abandonaron voluntariamente territorio estadounidense y mantienen multas pendientes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, abrió una convocatoria para contratar a una empresa estadounidense con capacidad de operar, como mínimo, en Guatemala, México y Honduras.

La compañía tendría entre sus funciones localizar a los deudores, verificar su identidad, informarles cuánto deben y gestionar el pago de las sanciones. El mecanismo contempla desde el pago total hasta acuerdos en cuotas u otras modalidades autorizadas.

Según la información disponible, 66 mil 387 personas expulsadas o que salieron voluntariamente de Estados Unidos mantienen multas civiles pendientes, que en conjunto sumarían unos 423 millones de dólares.

Entre las sanciones que Washington busca recuperar están las relacionadas con permanecer en Estados Unidos después de una orden de expulsión, cuya penalización puede alcanzar los 998 dólares por cada día de incumplimiento.

El plan representaría un cambio en la estrategia de cobro estadounidense, al buscar capacidad para localizar y gestionar directamente las deudas de personas que ya se encuentran fuera de ese país.

Ante la posibilidad de que estas gestiones alcancen a personas en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo señaló que cualquier empresa o persona que participe en el proceso deberá actuar dentro de los límites establecidos por la legislación nacional.

Arévalo agregó que existen mecanismos legales para denunciar cualquier actuación que se considere fuera de esos límites y aseguró que el Gobierno no permitirá acciones al margen de la ley.

La posibilidad de delegar estos cobros a una empresa privada mantiene sobre la mesa el alcance que podría tener el mecanismo para personas que ya no se encuentran en Estados Unidos.

Por Daniela Florián

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