Guatemala enfrenta una paradoja: cuenta con una importante disponibilidad de agua, pero su capacidad de almacenamiento es inferior al 2 %, mientras persisten problemas de contaminación, sobreexplotación y una gestión fragmentada del recurso.
La Constitución establece, desde 1985, que las aguas son bienes de dominio público y ordena la creación de una ley específica para regular su uso y aprovechamiento.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha impulsado un proceso participativo para construir una propuesta de Ley de Aguas que busca garantizar el acceso al recurso, ordenar sus distintos usos y fortalecer la seguridad hídrica frente al crecimiento poblacional y económico, así como al cambio climático.
Carlos Arias Bouscayrol, presidente del CACIF, destacó que el sector empresarial ofrece apoyo técnico al Congreso para abordar esta propuesta.
El agua no es únicamente un tema ambiental. También está vinculada con la salud, la alimentación, la energía, la agricultura, la industria, la inversión y el desarrollo.
Guatemala enfrenta el reto de proteger sus fuentes de agua y, al mismo tiempo, garantizar que el recurso pueda sostener una economía que continuará creciendo.
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Redacción por Roxana de León
