Investigan negocios por sistemas de comunicación o vigilancia para grupos criminales
PNC ha retirado sistemas de videovigilancia en la zona 18, operativos que busca ampliar a otros sectores.

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Una investigación de la PNC llevó al retiro de cámaras de vigilancia y cableado en la zona 18, ante sospechas de que estos sistemas estarían vinculados con estructuras criminales. Las autoridades anunciaron intervenciones similares en otros cinco sectores.

Cámaras de vigilancia, cableado y servicios de telecomunicaciones están ahora bajo investigación ante la sospecha de que podrían estar siendo utilizados por estructuras criminales para mantener control y vigilancia en determinados sectores.

La Policía Nacional Civil intervino una empresa que prestaba servicios de internet, cable e instalación de cámaras entre la 23 y 24 avenida de la colonia El Limón, zona 18.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que la investigación comenzó luego de recibir información sobre posibles actividades ilícitas y que las diligencias se coordinan con el Ministerio Público.

En el lugar, agentes retiraron cableado y cámaras de vigilancia. La investigación busca establecer quiénes operaban estos sistemas y cuál era su posible relación con estructuras criminales.

La intervención no se limitará a zona 18. La PNC identificó otros puntos donde realizará operativos similares: zona 12 de Villa Nueva, zona 6 de la capital, San Pedro Ayampuc, Canalitos y zona 21.

Las autoridades buscan determinar si existen más negocios utilizados para instalar sistemas de comunicación o vigilancia al servicio de grupos criminales.

Boteo también señaló que algunas municipalidades de los departamentos de Guatemala y Escuintla no estarían colaborando con estos procedimientos.

El tema fue abordado además durante una citación en el Congreso, donde se informó que ya se solicitó verificaciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre la legalidad de las operaciones de la empresa señalada.

Las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público. Será mediante estas diligencias que deberá establecerse si las instalaciones intervenidas efectivamente formaban parte de la operación o vigilancia de estructuras criminales y si existen responsabilidades penales

Por Jonathan Hernández

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