La elección del próximo Contralor General de Cuentas será determinante para la fiscalización de los recursos públicos durante los próximos cuatro años. Entre los principales retos se encuentran fortalecer las auditorías, ampliar la cobertura de fiscalización y utilizar herramientas tecnológicas para identificar riesgos en el manejo del presupuesto estatal.
Durante el programa #ALas845, el doctor en Derecho Tributario y Derecho Mercantil, Carlos Humberto Echeverría Guzmán, abordó los desafíos que enfrenta la institución y las prioridades que debería considerar quien asuma el cargo.
La Contraloría General de Cuentas tiene como función fiscalizar los ingresos, egresos y, en general, los intereses hacendarios del Estado, las municipalidades y demás entidades que administran recursos públicos.
Fortalecer la auditoría preventiva
Uno de los aspectos analizados fue la necesidad de fortalecer la auditoría preventiva, con el objetivo de identificar riesgos antes de que se produzcan posibles daños al patrimonio público.
La fiscalización no se limitaría únicamente a revisar documentos y operaciones ya ejecutadas. El uso de metodologías basadas en riesgos permitiría establecer qué instituciones, programas o proyectos requieren una revisión más profunda y oportuna.
Otro de los retos está relacionado con la capacidad de cobertura de la institución. La cantidad de entidades, municipalidades y recursos que deben ser fiscalizados representa un desafío para la Contraloría y requiere una distribución eficiente de los recursos destinados a las labores de auditoría.
Tecnología y análisis de datos
La incorporación de herramientas tecnológicas también forma parte de los desafíos para la próxima administración.
El análisis de grandes volúmenes de información mediante herramientas de Big Data podría contribuir a identificar patrones, inconsistencias y posibles riesgos en la ejecución presupuestaria.
Este tipo de mecanismos permitiría avanzar hacia una fiscalización basada en información y riesgos, complementando las auditorías tradicionales y facilitando la identificación de áreas que requieren atención prioritaria.
Salud, Comunicaciones y Educación
Entre las áreas que deberían recibir especial atención durante los próximos cuatro años se encuentran Salud, Comunicaciones y Educación.
Estos sectores manejan importantes recursos públicos y tienen impacto directo en servicios esenciales para la población. Por ello, la fiscalización puede enfocarse en verificar cómo se planifican, asignan y ejecutan los recursos, así como en el cumplimiento de los objetivos establecidos.
En el caso de infraestructura, por ejemplo, la auditoría puede abarcar desde la planificación y contratación de proyectos hasta su ejecución y cumplimiento.
El reto de ampliar la fiscalización
La próxima administración de la Contraloría también tendrá el desafío de incrementar la cantidad y alcance de las auditorías realizadas.
Una mayor cobertura permitiría contar con información sobre más instituciones y programas públicos, mientras que una fiscalización basada en riesgos podría ayudar a concentrar los recursos disponibles en las áreas con mayores posibilidades de presentar irregularidades o deficiencias.
La elección del nuevo Contralor General de Cuentas definirá, en ese sentido, las prioridades institucionales para los próximos cuatro años y el enfoque con el que se fiscalizará el uso de los recursos públicos.
El debate también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, mejorar las herramientas de análisis y avanzar hacia una fiscalización que permita detectar riesgos de manera oportuna.
