En medio de la creciente presión internacional para combatir el lavado de dinero, el Ejecutivo presentó al Congreso dos iniciativas: una nueva Ley Antilavado, que unifica regulaciones y refuerza la prevención, y una propuesta para permitir compras sin licitación bajo el argumento de “urgencia nacional”.

Ambos proyectos han generado debate legislativo, especialmente por sus posibles riesgos institucionales y su impacto en la transparencia, así como por la necesidad de establecer controles que garanticen responsabilidad democrática.

En análisis de Canal Antigua se conversó acerca del tema para analizar los riesgos institucionales o el beneficio de esta ley.

Peña compartió su perspectiva de que entiende que el mandatario oye a sus asesores y al final toma una decisión, pero no discierne, señaló.

La lucha contra el crimen organizado y la urgencia por infraestructura son objetivos legítimos, pero la manera en que se legislan marca la diferencia entre lo democrático y lo autoritario.

Lo invitamos a escanear el código QR que se encuentra en pantalla y ver la entrevista completa realizada en Canal Antigua.

Por Roxana de León