Francisco Jiménez admitió que el Sistema Penitenciario no cuenta con un censo actualizado y anunció que retomarán el proyecto con tecnología biométrica, tras la fuga de 20 reos del penal de Fraijanes II.

Un censo penitenciario es la base del control carcelario. Permite identificar, registrar y verificar a cada persona privada de libertad mediante datos biométricos, antecedentes judiciales y ubicación física. Su función es evitar duplicidades de identidad, errores administrativos y fugas encubiertas dentro de los centros de detención.

En Guatemala, este mecanismo no está actualizado, y esa falla estructural ha dejado al Sistema Penitenciario sin una herramienta confiable para saber con exactitud quiénes están recluidos y dónde.

La ausencia de este registro ha permitido irregularidades en traslados, liberaciones y sustituciones de identidad, como las evidenciadas tras la reciente evasión de reos en Fraijanes II.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció que la falta de un censo actualizado es una de las principales deficiencias operativas del sistema.

En 2024 se intentó implementar un proyecto con apoyo de Naciones Unidas, pero los fondos fueron suspendidos. Ahora, el plan será retomado con recursos propios y un modelo biométrico más económico, que busca devolver trazabilidad y control a un sistema carcelario desbordado por la sobrepoblación y la falta de supervisión técnica.

El ministro adelantó que buscan incorporar en la legislación penitenciaria nuevos mecanismos de identificación que incluyan, además de fotografías y DPI, registros de voz, ADN y otros datos biométricos, con el fin de evitar suplantaciones y fortalecer los controles.

Las declaraciones surge tras confirmarse la fuga de 20 reos del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, todos miembros del Barrio 18, una estructura que recientemente fue catalogada como organización terrorista por el Gobierno de Estados Unidos.

Por Andrea Palacios