En el análisis ALas845 hablamos de, “Contrato UNOPS 943 millones: ¿Transparencia o impunidad?”.
Los invitados fueron Luis Velásquez, analista político; Freddy Sánchez, doctor en Derecho; y Héctor Aldana, diputado.
Este martes el MP reveló una investigación sobre supuesta corrupción en el convenio entre el Ministerio de Salud y UNOPS para la compra de medicamentos y equipos.
Por el caso se reveló una solicitud de retirar la inmunidad al ministro Joaquín Barnoya, y la emisión de varias órdenes de captura contra exfuncionarios de la cartera y un puesto clave actualmente en el Ministerio de Finanzas. La carpeta judicial además resalta porque un hermano del presidente Bernardo Arévalo tiene relación con la entidad de la ONU.
Sánchez indicó que el tema central es si el convenio debió ser aprobado por el Congreso, y de allí se podría identificar el delito de “abuso de autoridad”.
“La Constitución indica que este tipo de convenios deben ser aprobados por el Congreso y en tal sentido, ellos (MP) denominan hallazgos y los califican como indicios suficientes. Si ya se presentaron capturas, ya se presume que hay un hecho delictivo”, dijo.
En el caso de Aldana, señaló que “la Constitución menciona claramente” la intervención del Legislativo.
“Decimos que es el 0.5 % del presupuesto anual este convenio, y aparte se mira la parte legal. Una parte es que tenían que hacer eventos para medicina de mejor precio para la población, pero los compran en Guatemala, y adquieren uno en la India, que se dijo que no es el más idóneo. Aún así el MSPAS lo distribuyó. La metformina que es para la diabetes, los trae la UNOPS, pero se dice que el paciente los expulsa entero, por lo que se está averiguando por esta mala calidad del producto”, dijo.
Velásquez señaló que los funcionarios deben ser “proactivos” citando el presupuesto que se aprueba, además que no debe delegar sus funciones.
“Si uno es diligente se tiene que anticipar a todos los eventos. Los funcionarios fueron electos para cumplir un cargo específico en ley, no para delegarlo. En este caso concreto, hay un contrato abierto lo que abarató las medicinas. Pagar Q250 millones a UNOPS creo que no corresponde; no afirmo nada, pero se podría convertir en una estafa y merece denuncias y las sanciones que la ley prevé”, dijo.
Recordó otros casos de sobrevaloración y citó que el Gobierno “tuvo la suficiente antelación para prepararse”, y sugirió que se pudo realizar un “contrato abierto”, para los eventos.
“Menciono las instituciones porque deben estar fortalecidas. El presidente debe buscar los mejores asesores porque no es posible que estemos de crisis en crisis, cada semana, porque eso genera mal clima a inversiones”, señaló.
Sánchez añadió que se trata de una “lucha de poderes”, pero debe existir una autonomía para la investigación.
“No tomo las declaraciones del presidente sobre que no existen hechos delictivos, o que se los inventan, no creo en eso, y hay que dirigir bien a la comunidad guatemalteca. Creo que si se quiere hacer algo importante por el gobierno, deben dar los pasos para que tenga una pertinencia. Además, podría haber una posible violación a la Constitución. Incluso independientemente cómo se dio, podría haber un arbitraje que nos compromete a todos, entonces son situaciones económicas que afectan al país”, resaltó.
Acerca de la relación del hermano de Arévalo con UNOPS, Aldana indicó que existen otros aspectos, y mencionó que en Agricultura hay otro convenio.
“Este está para traer alimentos y que los pueda distribuir el MAGA, por lo que su función no existe, delegando las funciones a organismos internacionales. El MAGA tiene de ejecución 22 % y Salud tiene el 21 % en inversión, lo que refleja incapacidad administrativa. Dicen que la ley de contrataciones les generan problemas, pero es la ley que está vigente”, dijo.
Velásquez declaró que se debe reconocer “que delegar funciones nos hace ver como incapaces”. “Esto no es cierto, pues los guatemaltecos somos muy capaces. Quienes administran la cosa pública demuestran incapacidad. Quienes toman las decisiones políticas hacen lo contrario. No es bueno para el país y para ninguno, que un organismo internacional maneje temas de la administración pública. Acuérdense que Haití fue manejado por agencias de ONU y prácticamente está peor”, señaló.
Sánchez dijo que espera que el MP haga una investigación transparente y lejos del área política.
El legislador resaltó la relación en el caso de Gustavo Alejos, un operador conocido señalado en otros casos de posible corrupción, y calificó al gobierno como uno de “las quejas”.
“Sí existen ciertas inconsistencias. Esto pareciera un fideicomiso. Como nosotros ni Contraloría ni Congreso no podemos fiscalizar, no sabemos que están haciendo con total impunidad”, explicó.
