En ALas845 conversamos sobre, “Lavado de dinero y riesgo país: ¿Qué está en juego para Guatemala?”.
El invitado Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó cuál es el panorama para la aprobación de la ley actualizada contra el lavado y el plazo que se tiene para que el país sea supervisado.
“Estamos a la espera que se de el dictamen favorable de esta iniciativa de ley. Tengo entendido que ya se reúnen, pero hay un camino largo, con tres lecturas. También, se deberá reglamentar esa ley por parte del Ejecutivo. Y luego será de implementarla y para eso tenemos un año, porque en 2027 empieza la evaluación del GAFILAT sobre qué hace el país para reprimir el lavado de dinero”, dijo. Añadió que esperan que no pase de un trimestre para que se implemente la ley.
Sobre la inclusión actualmente de notarios, como parte de personas obligadas para prevenir el lavado de activos, dijo que la petición viene desde 2009 y hasta ahora se incorporó a esta propuesta de ley.
“Son los que presten servicios para la compra venta de bienes inmuebles y para la conformación de sociedades. Los notarios ya identifican al cliente, pero ahora deberán identificar si existe algo sospechoso en alguna escritura y deberán reportar anomalías, además de conservar los registros para cuando las autoridades se les solicite”, señaló.
Sobre transacciones sospechosas en 2025, el intendente dijo que el monto denunciado fue de Q15 mil 900 millones, que representa 318 denuncias presentadas ante el MP, y abarca a por lo menos 2 mil personas.
“Esto es una parte de lo que realmente se lava, y por eso la importancia de incorporar a nuevos sujetos, porque con las nuevas formas de transar, con activos virtuales, también se hacen transacciones sospechosas”, indicó.
Monroy, sobre extorsiones como fuente de financiamiento ilícito, dijo que han denunciado en innumerables oportunidades estas actividades ilícitas. “Pero ahora ya son dueños de tiendas, taxis y otros, pero con las denuncias se puede llegar a una extinción de dominio”, explicó.
Sobre especulaciones que hay contra inmobiliarias y construcciones en la ciudad como lavado de dinero, el funcionario dijo que las entidades relacionadas ya están obligadas para reportar actuaciones sospechosas desde años atrás.
“Al ser un sector vulnerable están incorporados desde el 2012 para evitar que estos servicios sean usados para lavado de activos”, señaló.
En relación al impacto si la calificación es mala, acotó que el daño es al país y no a una institución. “Se encarecen las transferencias de fondo con otros países, además del impacto reputacional sobre todo cuando se busca el grado de inversión. Olvidémonos de este grado si Guatemala es vista como un país no cooperante. Afecta hasta el envío de remesas y el pago de mercancías”, agregó.
