En ALas845 hablamos de, “Alimentos que se pierden, oportunidades que se pierden: el debate sobre la ley contra el desperdicio de comida en Guatemala”.
Los invitados fueron Juan Pablo Ruano, director del Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento; y Marco Leiva, asesor legal especializado en legislación social y alimentaria, quienes analizaron la iniciativa 5633, que propone la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en Guatemala, sus implicaciones sociales, económicas y legales, así como el papel de organizaciones sociales, empresas y el Estado para reducir el desperdicio alimentario y fortalecer la seguridad alimentaria.
Ruano señaló que los bancos de alimentos se dedican a recuperar productos de primera necesidad que no pueden ser comercializados. “Nadie se quiere llevar la zanahoria fea y entonces nos dedicamos a rescatar estos alimentos y muchas veces los reprocesamos. Como movimiento nacimos hace 8 años en el seno de AmCham. Estamos libres de intervención estatal y nos financiamos con organizaciones extranjeras”, dijo.
Leiva por su lado, aseguró que la necesidad de la ley se basa en que no hay un marco jurídico que incentive las donaciones de alimentos. “Está basada en tres pilares, el incentivo y el fomento a través de estímulos fiscales. La legislación actual limita el incentivo para poder donar. Además, la propuesta clasifica los actores que intervienen en el ecosistema de la donación y se enfoca en los bancos que son especializados en captar alimentos y clasificarlos. La ley también establece el deber del Estado con relación de ser subsidiario”, indicó.
Ruano señaló que en Guatemala por cada persona más de 180 libras de alimentos se pierden al año. “Vivimos en una paradoja, porque somos exportadores de alimentos, pero lastimosamente se pierden dentro. Trabajamos como bancos de un segundo nivel, y con instituciones educativas y con casas cuna. Además generamos capacitaciones. Además de escasez de alimentos hay un tema serio de toma de decisiones, a veces no es que se tengan pocos recursos, sino que lo que se compra no es nutritivo. También se deben crear hábitos. La gente por la migración, ya no sabe cómo preparar alimentos perecederos”, señaló.
En relación de la ley, Leiva resaltó que actualmente hay un candado con un estímulo fiscal del 5 por ciento, pero no puede pasar de Q500 mil lo que desmotiva a las empresas en seguir donando. “Pedimos que se deje el 5% de estímulo fiscal sobre la renta bruta, pero que se quite el límite de Q500 mil”, dijo.
Añadió que se propone que solo sean donaciones a bancos de alimentos, pero no a asociaciones y otros. “Se busca que el incentivo de 5% sea solo para donaciones de alimentos y de consumo humano. Por eso, solo los bancos que tienen la capacidad para captar, almacenar y distribuir, pueden realizar esa función”, resaltó.
Ruano agregó que están certificados con medidas de manejo para evitar perjudicar a los beneficiarios.
“Guatemala es el único país que no fomenta las donaciones de alimentos. Hemos trabajado en Harvard y nos indicaron que en el país no hay incentivos”, refrió.
Leiva añadió que los bancos de alimentos no tienen obligación para registrarse, pero con la nueva ley, para poder tener el estímulo fiscal, se deben oficializar.
Ruano llamó a tener “reglas claras” para los bancos de alimentos y que el concepto se pueda multiplicar. “Esto, para que hayan varios bancos y que atiendan a poblaciones específicas. Actualmente queremos fomentar la formalización, porque actualmente son bodegas o iglesias. Queremos muchos y ordenados. El modelo nos puede ayudar a que se aprovechen los alimentos”, resaltó.
Añadió que en el país se desperdicia más del 60% del tomate y por eso recalcó que los bancos deben tener capacidad de mover alimentos rápidamente. “En las tiendas y cadenas de autoservicio, nadie se quiere llevar los empaques dañados”, recalcó.
Sobre el estado de la iniciativa, Leiva refirió que la SAT dijo que no tenía facultades para poder registrar bancos de alimentos y en la propuesta se tenía a la entidad como el ente que los autorizaba, por lo que se hicieron cambios a la propuesta. “Ahora se incluye que el MAGA tendría que tener la responsabilidad de poder registrarlos”, dijo.
