Lo Jefes de bloque escucharon este lunes a los representantes de la Superintendencia de Bancos, con el propósito de brindar su postura respecto a la Iniciativa de Ley integral contra el lavado de dinero y otros activos y el financiamiento del terrorismo.

Las autoridades de la Superintendencia de Bancos acudieron al Congreso de la República para exponer la urgencia de aprobar la iniciativa de ley 6593, que busca actualizar el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala.

Durante la reunión con jefes de bloque, el superintendente Saulo De León advirtió que el país opera con una normativa desfasada, al señalar que la legislación vigente tiene más de 25 años, responde a la realidad del año 2000 y ya no se ajusta a los estándares actuales.

La propuesta plantea modernizar los mecanismos de control y supervisión financiera, en un contexto en el que Guatemala enfrenta mayores exigencias internacionales en materia de prevención de delitos financieros.

Según explicó el superintendente, el problema no se limita al cumplimiento de estándares internacionales, sino a que la ley vigente ya presenta fallas en su aplicación diaria.

En ese contexto, la Superintendencia de Bancos advirtió que Guatemala enfrenta el riesgo de volver a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que implicaría un mayor nivel de supervisión sobre las operaciones financieras del país, incluidas las remesas.

De concretarse ese escenario, se prevén efectos directos para la población, como transferencias más lentas, mayores requisitos, encarecimiento del crédito y posibles incrementos en los precios de productos, debido a costos adicionales en el sistema financiero.

El superintendente señaló que la ley vigente no refleja cómo opera la economía guatemalteca, por lo que la iniciativa busca ajustarse a esa realidad, diferenciando perfiles de usuarios y niveles de riesgo.

Aclaró que la propuesta no pretende perseguir la economía informal ni restringir el uso de efectivo, sino enfocarse en estructuras criminales y en el rastreo de dinero vinculado a actividades ilícitas.

El Congreso prevé conocer nuevamente en primera lectura el dictamen y proyecto de decreto en la sesión plenaria de este martes.

Por Bryan Choy