En ALas845 hablamos de, “Ley Contra el Lavado de Dinero: presión económica, riesgos financieros y el debate en el Congreso”.
El invitado fue Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), quien participó junto con al menos otros 50 representantes del sector privado, en un llamado público al Congreso para aprobar la legislación relacionada con el combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito, advirtiendo sobre riesgos para la estabilidad financiera y la imagen internacional del país.
El llamado del sector privado para la aprobación
El directivo dijo que ese trata de una “asignatura pendiente” desde hace años. “Si esta ley no queda aprobada para el 2 de junio, nos vamos a ver incluidos en una lista gris que pondría a Guatemala con países que han demostrado ser cuna del narcotráfico y del terrorismo. El sistema económico del país se pone en jaque. Convocamos a la conferencia porque vimos que la semana pasada se presentaron aún enmiendas que ya no tendrían que ser analizadas. Nos pusimos a pensar que si no aclarábamos esto, luego nos pondríamos a pensar que por qué no alzamos la voz para decir ya basta”, dijo.
Aseguró que la demanda del sector privado es pasar un ley que cumpla con la regulación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “De nada nos servirá pasar una ley a la que le quitemos los dientes. En Bolivia se quisieron pasar de listos porque no pusieron a los notarios, y allí están en la lista gris. Guatemala ya no tiene chance de jugar jueguitos, y eso es lo que nos dice Gafilat. Panamá pasó 6 años sin poder pasar de esa lista gris”, dijo.
Bouscayrol señaló que la no aprobación es un tema que le hace daño “a todos los sectores de la sociedad”. “El costo de enviar remesas se encarecerá al menos 40%. Y serán más lentas en su envío. Por último, habrá límites, como en África en donde solo se pueden enviar US$500. Ahora, por los exportadores, el flujo de caja se verá afectado”, dijo.
Añadió que se trata de complicar la vida a las empresas “sino a todos”. “Nos pone en categoría de que ya no somos confiables”, resaltó.
Algunos diputados hacen “berrinche”
Sobre que el país ya estuvo en la lista gris durante 4 años, Bouscayrol aseguró que si ya se vivió en “carne propia” no habría razón de volver a tener el riesgo. “Sabemos que hay diputados convencidos que buscan convencer a sus compañeros, pero hay otros que están haciendo un berrinche; proteger a personas que lavan dinero, no debería ser una motivación”, explicó.
El directivo resaltó que el país está “a un paso” del grado de inversión, pero sin aprobar la normativa, lo haría retroceder “20 pasos”. “Hay que hacer las cosas correctas y a tiempo. Lo que no pasa es que esto debió pasar hace meses. Estamos esperando que se pongan de acuerdo personas que no saben el daño que le hacen al país”, indicó.
El directivo dijo que no se trata de un tema político, pues se observa qué les ocurre a países que se ubican en lista gris. “Nos estamos metiendo en un buen problema”, dijo.
Desmiente que aprobación provocará gastos en los sectores
Sobre la cuestión de que diputados están con dudas frente a la normativa por la cercanía del evento electoral, Bouscayrol indicó que “no pueden especular”. “Si yo fuera alguien que quiere mantenerse en la política, en 6 meses se recordarán que yo incumplí y no hice mi trabajo en el Congreso y ahora buscaré la reelección; a nosotros no se nos olvidará”, resaltó.
El empresario señaló que la SIB, los bancos del sistema y los empresarios formales se vienen preparando para la ley “desde hace años”. “El MP deberá hacer cumplir esta ley. Realmente no debiera de haber un impacto desmedido”, señaló.
Si la normativa podría ser un costo extra para el sector formal, Bouscayrol dijo que la incluso ley beneficia a las personas políticamente expuestas. “Es basada en el riesgo y un oficial de cumplimiento de un banco, ahora lo que tendrá es una regulación un tanto diferente. Una empresa que no lo tenía el oficial, no tendría que ser una persona nueva, pues puede ser un gerente administrativo. Pero sí habrá un entrenamiento que cubrir. De eso a decir, que el costo es oneroso, es mentira y el costo verdadero es estar en la lista gris”, resaltó.
El directivo insistió en que si la ley no es aprobada, todo se “ralentizará” pues transacciones y recursos serán puestos muy en duda. “Nuestros vendedores tendrán que asegurarse que no reciben dinero ilícito, pues no habrá autoridad en el tema. ¿Por qué se querría seguir vendiendo a Guatemala si se meterán en problemas?”, dijo.
Si la ley no pasa, señalarán directamente a bancadas o diputados
El empresario recordó que la normativa necesita de 107 votos y llamó “a la cordura y a un compromiso con el país” para que todos los diputados se presenten al Congreso en la votación. “Es una vergüenza que estemos preocupados porque no se tengan los 107 votos. Claridad hay, pues los diputados no pueden decir que desconocen la ley; por meses se ha explicado”, explicó.
Bouscayrol dijo que se reunieron con el Encargado de Negocios de Estados Unidos quien les aseguró que la primera prioridad de Trump es “cero tolerancia” al lavado. “Debemos estar claros que no cumplir trae consecuencias; cuando nos quejemos que nos cambió la vida de repente, es que no quisimos abrir los ojos a tiempo”, dijo.
Agregó que buscan “darle espacio” a la Comisión de Economía del Congreso para que alcancen los acuerdos. “No estamos diciendo qué partido o este diputado incumplieron, pero si esta ley no pasa, lo vamos a decir, porque los guatemaltecos deben saber quien nos condenó”, replicó.
Recordó que en su paso en Junta Monetaria, Gafilat les aseguró que existía una tardanza, pues la normativa debió ser aprobada el año pasado. “La fecha límite para nosotros era el 15 de mayo de 2025. Para nosotros estamos en ese punto de no retorno. Surge una oportunidad el 2 de junio, sesión extraordinaria, esa es, no hay otra, porque si no pasa ahora, no nos da tiempo; y si pasa mala ya no importa, nos vamos a lista gris”, sentenció.
