En ALas845 hablamos sobre, “Seguridad ciudadana bajo la lupa: ¿Qué responsabilidad tiene el Estado y qué puede resolver la CC?”.
Los invitados, Erick Castillo, abogado constitucionalista y exsecretario de la Corte de Constitucionalidad; y Ricardo Córdova, abogado constitucionalista, catedrático universitario y analista jurídico, dialogaron sobre los alcances constitucionales del amparo presentado por Castillo contra el presidente Bernardo Arévalo y los ministros de Gobernación y de la Defensa, por presuntas deficiencias en la protección de la seguridad ciudadana, en el contexto de los asesinatos ocurridos en Huité, Zacapa, y del ataque armado en el que murieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Castillo dijo que accionó por la “pasividad” de las autoridades y para que no hagan “lo que les de la gana”. “Son 8 familias en Huité y el gobierno no hizo nada. Es una percepción de que están permitiendo esto. Tampoco puede ser la CC expectante a lo que está pasando en el país. El amparo pretende deducir responsabilidades y busca que el presidente rinda cuentas y un informe y explique cómo está cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad ciudadana y respetar la vida que es un deber constitucional”, dijo.
Córdova por su lado, aseguró que en otros países en donde hay “mejor calidad de políticos” ya se hubieran dado varias destituciones. “Lo preocupante es la propia inseguridad que la PNC ha generado en la población. Digamos que por ejemplo el gobierno no tenía por qué saber el crimen de Foppa, pero lo que ocurre en los minutos posteriores al hecho, esos actos sí nos tienen que preocupar. Esto porque agarran a dos personas inocentes y el juez lo determinó y además les inculpan metiéndoles un arma de fuego. Eso sí nos tiene que dar pavor. Pudo haber sido cualquiera”, explicó.
Ante la pregunta de la capacidad e idoneidad y honorabilidad de los funcionarios que establece la Constitución, y que es ideal separar a funcionarios para no entorpecer una investigación, algo que ha resuelto en otros casos la CC, Castillo aseguró que lo grave es “la responsabilidad penal”. “Del Ejército el comandante es el presidente, que debe explicar directrices al ministro. No hay certeza de que no se obstaculice una investigación. El ministro dice que continúa al mando y que sostiene al presidente, pero nadie es superior a la ley. En el Mingob hay responsabilidad pues el ministro dijo que se enteró por redes sociales por lo que nadie puede reclamar. No han tenido acciones contundentes”, dijo.
Por las críticas a la implantación del arma, Córdova señaló que el Mingob debe tener acciones de investigación diferentes al MP. “Tiene una estructura para que le den información al ministro de otra forma y no por las redes. Dejemos a un lado el arma, pero en cuanto a la motocicleta, sabemos que quién haría un acto criminal con su propia moto”, señaló.
Castillo dijo que en el Mingob hay falta de coordinación por lo que el ministro “tiene una mala asesoría”. “Hay falta de política criminal y deberían tener una comunicación inmediata en el territorio nacional. Lo que ocurrió a Foppa y Gamarro es uno de los cientos de casos que ocurren. Pero dan una respuesta criminalizando a ciudadanos. Hay ausencia de justicia por una ausencia de política criminal”, explicó.
Sobre si ameritaba la reserva del caso, Córdova dijo que sí. “Son temas muy delicados, y el proceso para hallar a los culpables es lo que prevé la ley por lo sensible que es la investigación en sí”, dijo.
Castillo discrepó porque a su criterio le “impiden a los actores defenderse” además que “no deja fiscalizar” a la ciudadanía.
Córdova rechazó los señalamientos de desestabilización que vienen de la Defensa y citó estadísticas de inseguridad que demuestran la inoperancia de algunos funcionarios.
