La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional con el cual se busca que se garantice la alternabilidad de poder al considerar que existen riesgos para el orden democrático del país.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo provisional solicitado por un grupo de 10 ciudadanos que presentaron el recurso el viernes pasado, en el cual afirman que existe una amenaza al orden democrático del país.

En su resolución, los magistrados indican que a manera de prevención otorgan la protección constitucional para as{i preservar el régimen democrático del estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder, el cual debe operar en la fecha prevista en la constitución con base a los resultados electorales validados por el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo la Corte resalta que dichos resultados electorales son los validados hasta hoy.

La corte manifiesta que: “es consciente de la serie de hechos que no solo se describieron por los postulantes, sino que son notorios en cuanto a los eventos de índole social y político que vive el país”.

En tal sentido se solicitan requerimientos al Presidente de la república, al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público por medio de todas sus fiscalías, y al Organismo Judicial por medio de sus órganos jurisdiccionales, para que en medio de sus deberes y atribuciones se dirijan a la efectividad de la protección del sistema democrático y al principio de alternabilidad.

Así también, los magistrados piden a las autoridades competentes en el tema de seguridad, que garanticen los derechos de vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación, mientras que a la población exhorta a ejercer su derecho de manifestación de forma pacífica manteniendo en todo tiempo la paz social y la convivencia pacífica.

Por último, la corte también exhorta al partido Movimiento Semilla a ejercitar ante el respectivo órgano jurisdiccional todas las acciones oportunas e idóneas que conforme a la legislación penal y procesal penal, le competen en el ejercicio de su defensa, siendo el legitimado para el planteamiento de las correspondientes peticiones.

Por Sergio Osegueda