Un grupo de jóvenes cubanos insisten en realizar una marcha pacífica en Cuba, convocada para el 15 de noviembre, pese a que el gobierno ha negado el permiso. Como antecedente más inmediato están las condenas contra activistas que participaron en las protestas masivas del 11 de julio.
En franco desafío a las autoridades, activistas de derechos humanos, intelectuales y otros miembros de la sociedad civil han convocado desde la plataforma Archipiélago a la “Marcha Cívica por el Cambio”.
“Todos hemos pensado en las consecuencias y todos tenemos conciencia de que podemos ir presos”, dijo Daniela Rojo Varona, quien desde La Habana funge como moderadora de Archipiélago.
Rojo Varona afirmó que los que buscan un cambio en Cuba no tienen alternativas. “Ante el poder autoritario, no podemos simplemente callarnos. Somos ciudadanos cubanos que tenemos un derecho y nos ha sido negado, y no vamos a dejar de insistir en conquistar ese derecho”.
El proyecto Archipiélago surgió pocas semanas después del 11 de julio
cuando estallaron protestas en más de 60 pueblos y ciudades a lo largo de toda la isla. La cara más visible de l plataforma es el dramaturgo y actor teatral Yunior García Aguilera.
Gobierno cubano declaró inconstitucional la marcha
A pesar de que los activistas hicieron peticiones formales para efectuar una marcha cívica, las autoridades en varios territorios del país declararon inconstitucionales tales intentos y han citado a la Fiscalía a varios promotores.
También han mostrado a las Brigadas de Respuesta Rápida (grupos de civiles al servicio del gobierno), que a menudo son llamados a detener cualquier protesta.
Gobierno dice que protesta busca cambio de sistema
La Habana negó el permiso y derecho a las protestas, argumentando sin dar detalles que los moderadores tienen supuestos “vínculos con algunas organizaciones subversivas” y una “intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, según una carta expedida a los opositores.
También el gobierno cubano los ha vinculado con las autoridades de Estados Unidos. Los organizadores han rechazado esta acusación.
Desde el departamento de Estado, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, apoyó a nombre de Washington el derecho a la protesta.
Fuente: VOA
