Ante la histórica jornada de protestas convocada en Cuba para este lunes, 15 de noviembre, el Gobierno de la isla tiene la intención de suprimir el “más mínimo amago de protesta”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las América de Human Rights Watch.
“La dictadura cubana ha decidido hacer un manifiesto despliegue de fuerzas policiales y de seguridad del Estado en puntos clave en la Habana -pero también en otras ciudades- y reforzar la vigilancia que ya existía en los domicilios de artistas, disidentes y periodistas o personas bajo sospecha”, aseguró Vivanco.
El vocero de HRW considera que es poco lo que puede hacer la Casa Blanca al respecto, y que los únicos gobiernos que podrían presionar al presidente Miguel Díaz-Canel son aquellos que tienen relaciones con la isla, como las democracias de América Latina y Europa.
La organización Freedom House
Que también sigue de cerca la respuesta del gobierno de Cuba a la convocatoria de manifestación, considera que La Habana, al no poder controlar del todo el contenido de las redes sociales a través de las cuales se invita a protestar, ha optado por una “represión preventiva con efecto intimidatorio”.
“El objetivo es sembrar miedo para que la gente no salga”, explicó la Alessandra Pinna, directora encargada para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House.
A diferencia de las demostraciones que se daban en la isla de Cuba antes de la pandemia del COVID-19, Freedom House destaca que las personas que ahora se están pronunciando contra el gobierno van más allá de la oposición tradicional.
Fuera de rodear las casas de los disidentes para impedirles salir a manifestarse, la organización Freedom House asegura que el nivel de represión contra las personas que lideran expresiones de inconformismo, ha aumentado.
“La represión cambia en medio de las circunstancias, ya no son solo detenciones arbitrarias, sino desapariciones forzadas”, aseguró Pinna.
Tanto Pinna como Vivanco coinciden en denunciar que la política de movilizar agentes a la casa de cualquier persona de la que el gobierno tenga alguna sospecha, ha hecho que las viviendas de los activistas se conviertan en centros de detención.
Fuente: VOA
