La orden judicial responde a una demanda presentada inicialmente por el ex fiscal general de Missouri Eric Schmitt y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, elegido senador en noviembre y quien a través de Twitter calificó la sentencia como una victoria para la libertad de expresión.
En ella, se alega que los funcionarios de la administración Biden fueron muy lejos en sus esfuerzos para alentar a que las empresas de redes sociales hicieran frente a las publicaciones que pudieran contribuir a la indecisión sobre las vacunas durante la pandemia de COVID-19 o afectar las elecciones.
El fallo establece que algunos organismos de gobierno no pueden hablar con las empresas de redes sociales “con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida” siguiendo la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda de la Constitución.
La orden también impone restricciones a funcionarios como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y Jen Easterly, de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras.
En una orden presentada ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Oeste de Luisiana, el juez Terry Doughty hizo algunas excepciones para las comunicaciones entre funcionarios del gobierno y las empresas, incluso para advertir sobre riesgos en la seguridad nacional y sobre actividades delictivas.
La sentencia del martes marca una victoria para los republicanos que han alegado que el gobierno de Biden ha utilizado la crisis sanitaria del coronavirus y la amenaza de la desinformación como excusa para frenar las opiniones discrepantes.
Fuente: VOA
