En el análisis de ALas845 hablamos de, “El nuevo regulador del mercado: retos y posibilidades de la Superintendencia de Competencia”.
El invitado Jorge Miguel Castillo Castro, superintendente de Competencia, citó que el país fue el último en el hemisferio en establecer una entidad de este tipo.
“La misma ley estipuló un camino a seguir. El reto es equipararnos con las mejores jurisdicciones de competencia en el mundo, o al menos en la región; en este caso la de México, Chile y Perú”, dijo.
Añadió que el reto es “educar” a organismos, tanques de pensamiento y otros sectores, sobre “la cultura de la libre competencia”.
Castro también se refirió a su experiencia para ser elegido en el cargo. “Tengo las mismas credenciales que mostraron todos los candidatos. Cumplimos con las mismas calidades”, explicó.
Resaltó que la competencia es un estudio “complejo” que podría aportar al desarrollo de un país.
“Lo importante ahora es basarnos en dos pilares: promocionar la competencia y el otro es la abogacía de la competencia. Primero un programa integral nacional de capacitación de la cultura de competencia. Y la otra es la abogacía de la competencia, en donde el problema no está en la estructura ni en los agentes económicos, sino en la legislación que puede ser obsoleta. En ocasiones tiene más impacto o incidencia, que investigar una práctica anti competitiva”, dijo.
Añadió que “ser los últimos” en la autoridad de competencia, es una ventaja por los aprendizajes de entidades de otros países.
Consultado sobre algunos “temores” de que la entidad podría politizarse en el futuro, el Superintendente dijo que “afortunadamente” la ley crea una entidad autónoma y descentralizada.
“La forma como se eligieron a las autoridades fue sui generis, en que fueron los mejores los que lograron pasar. En el Directorio también el proceso fue transparente”, indicó.
En cuanto a la autonomía financiera, señaló que previo a aprobar su presupuesto, la ley indica que Finanzas debe trasladar “por única vez” Q20 millones. “Ya tenemos el código y nos hace falta el traslado”, explicó.
Agregó que no se enfocarán en investigar “estructuras”. “No está malo que una empresa sea la preferida por los consumidores, esforzándose y dando servicios de calidad, respetando la ley. Sí se investigaría si se realiza una práctica prohibida por la ley de competencia. Una colusión muy rara vez sobrevive, porque no se sabe si se puede confiar en el otro”, dijo.
Rechazó que se “castigue” a quien tenga precios mayores, y enfatizó que la ley no sanciona este ámbito. “Si estamos en un entorno muy competitivo tendremos muchas coincidencias. Son tan homogéneos que muchas veces se dan acuerdos tácitos. Casualmente el precio es el mismo, y eso no es pecado, no es prohibido por la ley. El problema es ponerse de acuerdo”, explicó.
Fue enfático al decir que la función de la ley de competencia “no es proteger al consumidor” y añadió que la que actúa en este ámbito es la Diaco.
“En la colusión el consumidor es el último en percatarse. Quien se percata es generalmente otro agente económico que busca entrar a un mercado”, dijo.
