En ALas845 hablamos de, “Maras declaradas terroristas: legalidad, seguridad y el futuro institucional”.
Los invitados fueron José Chic, diputado; Guillermo Cifuentes, abogado y notario; y Ronald Portillo, diputado y exviceministro.
Sobre la Ley Antipandillas, Chic se refirió a las posturas de que se puede usar en contra de comunidades indígenas o organizaciones de derechos humanos.
“Si fuera así, el Smiley no hubiera accionado. Cuando se revisa el amparo, se va por técnica legislativa. Entonces tuvo que haber un exdiputado o un asesor que estuvo relacionado con el Congreso. Este pandillero alega esto, entonces sí tiene que ser alguien que sepa de técnica legislativa que lo asesoró, y por eso hay que investigar los nexos. Ahora resulta que hasta van a investigar al exministro Jiménez por el traslado de ‘El Lobo'”, dijo.
Cifuentes señaló que el terrorismo es una actividad que levanta mucha conflictividad social y temor, pero ahora ya ha mutado a secuestros exprés u otras acciones. “El Estado tiene la obligación de la seguridad. Se tendría que estudiar mucho el concepto”, dijo.
Sobre el amparo del pandillero contra la normativa y las críticas y posturas de sectores contra la ley sobre que es “peligrosa”, Portillo recordó que la normativa surgió en la novena legislatura.
“Siempre se había señalado por ciertos grupos de derechos humanos, pero siempre me pareció contradictorio, porque las manifestaciones de este tipo no deberían de generar temor a la población. Siempre se analizó y se estableció un mecanismo jurídico sobre el tema. En cuanto al amparo del pandillero, me parece un absurdo, podrá hacerlo, pero han sido las organizaciones como éstas las que han violado los derechos de miles de guatemaltecos”, dijo.
En relación del referido amparo en manos de la Corte de Constitucionalidad, Chic resaltó que ésta se encuentra “entre la espada y la pared”, por darle trámite. “Debería suspenderse el trámite porque cuando se presenta el amparo, la ley ya está en vigencia, y entonces se debería haber presentado otro recurso. Pero es indignante que este tipo de criminales accionen para tratar de seguir protegiendo privilegios”, dijo.
Cifuentes por su lado, consultado por el origen del amparo y sobre que cualquiera puede presentar este tipo de recurso, resaltó que existe un régimen de derechos humanos que rige en la Constitución.
“Esta ley toca ciertos círculos porque van a ampararse en el sistema de derechos humanos, y el país está inscrito en casi todos los pactos que existen. El pacto de San José se puede denunciar pero debe haber voluntad política. Además, está el derecho de petición que no se puede hacer que alguien lo transgreda. El derecho de petición no se le puede quitar a nadie; si México lo quitó, debemos estudiar cómo lo hicieron; por ejemplo, si alguien está en prisión pierde derechos”, explicó.
Portillo recordó al exministro del Mingob, Francisco Jiménez, que solo “agravó” la situación de seguridad en el país. “El Mingob ahora tiene que construir nuevamente la credibilidad y generar acciones que protejan la vida de millones. Se les faculta mucho con esta ley”, dijo.
Chic resaltó que debe existir una depuración del Sistema Penitenciario. “Esto ha sido intencional para favorecer lo que pasa dentro de las cárceles. Se tendrá una cárcel de máxima seguridad, pero si no hay controles y reformas, le subirán a la cuota por la visita”, resaltó.
Sobre la niñez y adolescentes reclutados, Chic agregó que se debe aplicar una recuperación de zonas rojas por medio de una intervención directa del Estado.
“El reclutamiento de menores a pesar de que ya fue tipificado, seguirá pasando, porque ahora los reclutan para el narcomenudeo y para cobrar la extorsión. Debe ser abordado de forma interinstitucional. En Las Gaviotas hay privados de libertad de 38 años de edad; estaba hasta el primo del ‘Lobo'”, explicó.
Cifuentes consultado sobre cómo la población comprenderá la declaración de pandilleros como terroristas, resaltó que los medios de comunicación deben accionar y la población educarse.
“Si estamos en el ámbito jurídico y político nos vamos documentando. Ya hay un nuevo ministro y en el Sistema Penitenciario se deben estudiar las piezas para que hagan su labor. Tiene que poner una maquinaria pronto; en un año construirán la nueva cárcel y en este periodo tendrá que haber cambios”, indicó.
Chic sobre en cuánto tiempo dará resultados la normativa, explicó que en cárceles se da un plazo de un año. “Se dejó en todo caso la partida presupuestaria, y si no alcanza se puede accionar; pero hay un marco que no se puede perder de vista como es la voluntad política. Poner en el centro a la población”, resaltó.
El diputado además señaló que el exministro Jiménez, “no se dio cuenta de que entregó la cárcel de Renovación I al Barrio 18”, porque a su criterio, en ésta lo estaban agrupando.
