En ALas845 hablamos de, “Lista gris y lavado: Por qué Guatemala no puede postergar la Ley 6593”, propuesta conocida como la “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
Los invitados fueron Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial, y Alejandro Arriola, abogado y notario, docente en la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG).
Monroy aseguró que la referida iniciativa que se encuentra en el Congreso busca actualizar el marco normativo en el país. “Viene a actualizar el cuerpo legal que tenemos vigente, o sea, 24 años tenemos operando con la actual ley. La forma de hacer negocios ha cambiado y los mecanismos del crimen organizado”, dijo.
Por su lado, Arriola señaló los componentes de la propuesta y la ley actual que está vigente.
“La normativa contra el lavado surge en dos ocasiones, una por el delito en sí antes del 2001, y la otra por el financiamiento al terrorismo, precisamente por los ataques del 11 de septiembre de 2001, en todos los países. No hemos tenido problemas con listas. Pero esta ley simplifica y unifica los dos cuerpos. Tendremos un reglamento para ambos cuerpos, y se define mejor. En ese momento la presión internacional hizo que saliera la regulación sin mayor análisis. Seríamos una economía criminal si no actualizamos nuestro marco regulatorio”, añadió.
Arriola fue consultado sobre si son verídicos los rumores sobre que son Q700 millones los lavados al mes en el país, y citó que la IVE realiza estudios con entidades internacionales.
“Sí que son bastante exactas. Hay que ir un paso atrás. El régimen es uno preventivo, con personas obligadas. Bancos son el número uno, activos virtuales, autos y otros, le siguen”, replicó.
Sobre si se dañará con la nueva normativa a emprendimientos pequeños o medianos, o a la economía informal, Monroy dijo que la iniciativa no busca atacar estos sectores.
“Tiene un componente muy especial que es el enfoque basado en riesgo. Esto dará la claridad de que no se atacará a emprendedores, pues lo que se busca es que sujetos obligados, cooperativas, bancos y entidades financieras, tendrán que identificar el nivel de riesgo que representa un cliente, y dependiendo aplicar las medidas idóneas”, explicó.
Sobre la duda que hay en ciertos sectores, por inmuebles vacíos que serían usados por el lavado de dinero o la proliferación de construcciones, Arriola explicó que existe un déficit de vivienda y hay mucha oferta pero de la de tipo vertical y desmintió los rumores alrededor de ilegalidad en esta actividad económica.
“Hay un estudio que dice que es un 37 % del lavado que sí se genera desde al sector inmobiliario. Los desarrolladores sí han cumplido pero hay casos políticos que suenan mucho, en esquemas para lavado de dinero, en los que por ejemplo se compraron dos apartamentos, y por eso la población puede ser manipulada con desinformación. El tema de fincas es muy popular en Latinoamérica también, pero el sector organizado en la construcción ha hecho una labor buena con esto, pero por supuesto que puede haber algún caso de lavado”, indicó.
Monroy reveló que en la nueva normativa sí se incluye a nuevos sujetos obligados, como los notarios. “Los profesionales jurídicos que presten los servicios, como escrituración, y los que presten servicios para conformar sociedades, estarán obligados, pero no es para todos los abogados como tal; sino a los notarios. El resto son personas obligadas que ya están incorporadas desde el 2001 y desde el 2014 los del sector no financiero”, dijo.
El funcionario agregó que en enero del 2026 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) empezará la evaluación de los esfuerzos del país en contra del lavado de dinero. “La iniciativa de ley debe ser aprobada con la mayor urgencia nacional. Pero se trata que la ley hay que reglamentarla e implementarla en 2027, para cuando vengan los evaluadores determinen que el país sí implementa la nueva norma y tiene resultados”, dijo.
