Un estudio por parte de las autoridades detalla los principales peligros que podrían impactar la sostenibilidad fiscal del país. Entre ellos figuran los riesgos ambientales y climáticos, con posibles efectos de hasta el 9.8 % del producto interno bruto PIB en caso de eventos extremos.
Un estudio de riesgos fiscales es un análisis para identificar, evaluar y gestionar factores que podrían afectar negativamente las finanzas públicas como ingresos, gastos, deuda, o la situación tributaria de una entidad, ya sean eventos externos en temas climáticos y económicos o internos relacionado a temas operacionales, de cumplimiento, ayudando a anticipar vulnerabilidades y tomar medidas preventivas.
El Ministerio de Finanzas Públicas presentó el Informe de Riesgos Fiscales 2026–2030, un documento que, según las autoridades, busca anticipar vulnerabilidades que puedan impactar la política fiscal del país. La publicación incorpora, por primera vez, una hoja de ruta con indicadores clave que permitirá dar seguimiento preventivo a estas amenazas, según se refiere.
En el tema se explica que el informe identifica riesgos macroeconómicos, especialmente los relacionados con las remesas familiares, que representan poco más del 19 % del Producto Interno Bruto PIB. De hecho se señala posibles choques de políticas internacionales y actores externos que afectarían la economía nacional, entre ellos, Políticas migratorias más restrictivas y el aumento de una presión fiscal para atender a personas retornadas.
Además de nuevos aranceles impuestos por socios comerciales, lo que afectaría las exportaciones guatemaltecas y podría traducirse en un incremento de los precios internos. La cartera de Finanzas también advierte acerca de una fragilidad de los sistemas previsionales, los cuales enfrentan presiones derivadas de iniciativas legislativas que buscan otorgar beneficios no financiados.
El reporte refiere además que Guatemala enfrenta una alta frecuencia de eventos climáticos extremos, cuyos efectos como tormentas, inundaciones y sequías pueden generar pérdidas económicas significativas.
Autoridades mencionaron que se contó con el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo BID, a través de cooperación técnica no reembolsable, en el marco de la iniciativa Política Fiscal para la Acción Climática, se destacó que el informe integró aportes de diversas entidades públicas.
Por Renato Martínez
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