La acusación contra Maduro que pone a Guatemala en el mapa del narcotráfico regional

Un documento del Departamento de Justicia de EE. UU. describe a Guatemala como punto de transbordo en las rutas de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos.
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La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro incorpora a Guatemala dentro del esquema regional que, según la investigación, fue utilizado durante años para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, junto con otros países de Centroamérica como Honduras.

 


De acuerdo con el documento judicial de 25 páginas, divulgado el 3 de enero por la fiscal general Pamela Bondi, las autoridades estadounidenses sostienen que cargamentos de cocaína salían desde Venezuela y eran movilizados a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, citando de forma expresa a “Honduras, Guatemala y México” como territorios de paso antes de llegar al mercado estadounidense.

Según la acusación, Guatemala era utilizada como punto de transbordo, es decir, como territorio intermedio para el traslado y redistribución de la droga. El documento describe que los envíos se realizaban por rutas marítimas y aéreas. En el caso marítimo, se empleaban lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores que partían desde la costa venezolana y avanzaban por el Caribe hacia Centroamérica.

En cuanto a la vía aérea, la investigación detalla que los cargamentos eran movilizados desde pistas clandestinas, generalmente de tierra o pasto, así como desde aeropuertos comerciales, presuntamente bajo el control o con la complicidad de funcionarios gubernamentales y militares corruptos. Estas aeronaves tenían como destino distintos puntos de la región, incluyendo Guatemala y Honduras, antes de continuar su trayecto hacia México y, posteriormente, Estados Unidos.

El documento sostiene que este sistema se apoyaba en una “cultura de corrupción” en los países de transbordo. En ese contexto, traficantes que operaban en Guatemala y Honduras pagaban una parte de sus ganancias a actores políticos y funcionarios que les brindaban protección y facilitaban el paso de los cargamentos. A su vez, esos recursos ilícitos eran utilizados para sostener y ampliar poder político en los territorios involucrados.

La acusación también expone que la droga incrementaba su valor económico en cada punto del recorrido, lo que beneficiaba tanto a las organizaciones criminales como a quienes facilitaban su tránsito. Según estimaciones del Departamento de Estado, hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban anualmente a través de Venezuela, con Centroamérica como corredor estratégico hacia el norte.

Además, el documento señala que el control de las rutas en Centroamérica y el paso hacia Estados Unidos recaía principalmente en organizaciones como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, mientras que la producción se concentraba en Colombia, bajo influencia de las FARC y el ELN, y la logística interna en Venezuela contaba con apoyo de estructuras como el Tren de Aragua.

Redacción Web

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