En ALas845 hablamos de, “Ley Antilavado en Guatemala: ¿Modernización necesaria o presión internacional?”.
Los invitados Juan Carlos Bardales, asesor jurídico de la Intendencia de Verificación Especial; y Alejandro Arriola, abogado del sector financiero, director de IBR Law & Consulting, delegado de la Asociación Bancaria de Guatemala y docente de la Escuela Bancaria de Guatemala, dialogaron sobre la ley contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo que ya pasó su tercera lectura en el Congreso.
Arriola dijo que la tardanza en su aprobación, es parte de una coyuntura en donde tienen que ver las elecciones en entidades públicas. “Pero el mensaje es preocupante. Todavía llevará más tiempo, y esperemos que tras todo, aún viene el reglamento para aplicarse. Lo que preocupa realmente es que por lo menos un año antes debería de estar vigente, algo que ya no cumplimos. Hablamos de octubre o noviembre, y el organismo que vendrá pensará que solo se aprobó por su visita”, dijo.
Bardales señaló que pese a la mora, “en realidad están optimistas”. “El panorama es bastante optimista. Entiendo que hay otros temas en el Congreso pero confiamos que tendrá el avance que se necesita, antes del receso de mayo”, señaló.
Sobre la cuestión de las personas obligadas y sus avances, Arriola indicó que hay una narrativa “basada en tiktoks”. “Quiero creer que no es mala intención; es una actualización y en gran parte ayuda más para las personas obligadas. Dentro de las nuevas personas obligadas, hay una diferencia de percepción, porque actualmente no hay muchas, pero están en el reglamento. No se puede comparar las dos leyes. Ahora hay personas que se dedican a dar préstamos, pero hay una proliferación que puede tener subtemas. Uno delicado es el gremio de los abogados y notarios”, explicó.
Añadió que contadores y del sector construcción, por ejemplo, ya son personas obligadas, y les protege en su actividad, porque “nadie quiere ser utilizado para lavar dinero”.
Bardales agregó que el tema es “complejo” pues se basa en lo técnico y “no es fácil de entender”. “Podríamos entender que en el Congreso se está masajeando más para poder comprenderlo. Creemos que estaremos listos para la evaluación en febrero. Se trabaja ya en el reglamento técnico para desarrollar los aspectos que merecen una regulación más detallada”, resaltó.
Arriola mencionó a las cooperativas como un “sector inmenso” sobre todo en el interior, pero ya están incluidas en la normativa. “No le envidian a los bancos. Ya son personas obligadas, pero hablamos de las de inversión y crédito, de préstamos. Sus nuevas obligaciones son las mismas que le aplican a las demás. Ayuda más a ellos porque la disposición es pareja para todos. Es mejor las obligaciones, pues les convienen con esta nueva ley”, explicó.
Ejemplificó con las remesas como uno de los riesgos que acarrearía al país no actualizar la normativa. “Necesitamos un banco allá y otro acá. Pero si allá dicen que Guatemala es un país no cooperante y que es de lista gris, se complicará más cualquier tipo de relación y el tema de las remesas, y siendo tan importante en la economía, no nos podemos dar ese lujo”, acotó.
El funcionario de la IVE agregó que estar en la lista gris es complicado, porque genera no sólo consecuencias económicas sino “efectos sociales” como la delincuencia y la criminalidad, porque se ve un “país atractivo” para los delitos. “Esto representa para el Estado de que se verá en la necesidad de invertir más recursos contra esta criminalidad; en el 2001 Guatemala fue parte de esta lista gris, y no fue fácil salir y costó 4 años. Se tuvieron que hacer esfuerzos institucionales”, dijo.
