En ALas845 conversamos sobre el tema, “La nueva Ley Antilavado: ¿Está Guatemala lista para cumplir con los estándares internacionales?”.
La entrevistada, Susan Paola Rojas, ex intendente de la IVE y directora general de EvaluaCompliance, realizó un análisis técnico de las reformas acordadas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, aprobadas la noche del martes por el Congreso, su evaluación de los cambios incorporados durante la negociación legislativa, sus implicaciones para el sistema financiero y judicial guatemalteco, y los desafíos que enfrentará el Estado para implementar adecuadamente la normativa antes de la próxima evaluación internacional de GAFILAT.
Sobre la cultura organizacional y empresarial, Rojas señaló que las “reglas del juego están cambiando”. “Antes era cumplir por cumplir, pero conforme han avanzado los tiempos, la complejidad de los delitos financieros y las tipologías, la cultura de cumplimiento empieza a ser un valor para que las empresas se autogestionen. En la nueva ley se habla ahora de gestión de riesgos, para que las empresas valoren sus vulnerabilidades y fortalezas”, dijo.
Señaló que el “trabajo fuerte empieza ahora” pues no hay que esperar que venga al país la GAFILAT a analizar el cumplimiento. “Es de volver realidad la implementación de estas reformas. Conlleva otro nivel de concientización sobre nuestro papel como empresarios para apoyar las labores de las autoridades en este tema”, indicó.
En relación a lo que se legisló la noche del martes, la experta explicó que lo positivo es que “no se tocaron factores como la tipificación de la autonomía del delito”. “Es un punto que tuvo consenso para que se vea la capacidad que tiene el país para seguir conociendo temas de lavado”, señaló.
Agregó que otro punto importante, es que hubo cuidado de no tocar aspectos que debilitaran lo que ya existía en la norma. “Además fue importante respetar los tipos de personas jurídicas y las profesiones, además de respetar las personas políticamente expuestas”, dijo.
En la explicación del delito de lavado, resaltó que la población puede ser afectada por esta falta, al realizar acciones de buena fe, o por desconocimiento. “Sin darse cuenta, muchas veces las personas reciben ese dinero y ayudan a los delincuentes y se convierten en cómplices. Los criminales usan ese dinero para seguir creciendo y seguir haciendo daño social”, explicó.
Cuestionada sobre cómo era la situación en los años previos a esta aprobación, la experta explicó que había mantenido una estructura que buscaba la prevención y sanción. “Sin embargo, el GAFI, fue identificando nuevas formas de lavar dinero y fue mejorando las medidas de prevención”, señaló.
Aseguró que actualmente hay un tema de “cultura” para reconocer que no se es ajeno que los servicios que se dan, o la venta, pueden ser objetos de lavado.
Señaló que algo importante de la normativa actual es reconocer los activos virtuales, como las criptomonedas. “Reconocer que existen es el primer paso. Los activos virtuales llegaron para quedarse, y no reconocerlos nos ponían en una posición muy desventajosa”, señaló.
En relación a los notarios, dijo que a su criterio realizaban una buena labor, pero ahora deben tener otros mecanismos para reconocer a los clientes, con otro tipo de medidas. “Ahora es de verificar que no tengan sanciones internacionales, lo cual es información pública. Es para tener otra identificación para que los notarios estén tranquilos de a quienes están atendiendo”, dijo.
Por las capacidades coercitivas, Rojas señaló que por la normativa tuvo “muchos temores” al escuchar posibles cambios a la autonomía del delito, o de reducir las capacidades de la IVE. “Uno de los principales temores, es que se le quitara a las autoridades las facultades para investigar delitos de lavado, sin necesidad de demostrarlo. Es un tema muy sensible, pues las estructuras más complejas, incluyen a más personas en varias fases del proceso”, recalcó.
