Tras varias semanas de negociaciones, reuniones técnicas y falta de consensos entre las distintas bancadas, el Congreso de la República aprobó este martes la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La normativa fue respaldada por 147 diputados y actualiza el marco legal que Guatemala utiliza para combatir el lavado de activos y el financiamiento ilícito, con el objetivo de alinearse a los estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI.
La discusión de la ley estuvo marcada por advertencias de entidades financieras, empresariales y técnicas sobre los riesgos económicos y reputacionales que enfrentaría el país si no avanzaba en estas reformas, incluyendo la posibilidad de ser incorporado a listas de vigilancia internacional.
El decreto también incorpora cambios relacionados con Personas Expuestas Políticamente, fortalece las funciones de supervisión y capacitación de la Intendencia de Verificación Especial, establece sanciones para conductas vinculadas a intentos de lavado de dinero y actualiza disposiciones aplicables a determinados profesionales obligados a reportar operaciones sospechosas.
La aprobación pone fin a uno de los debates legislativos más prolongados de las últimas semanas en materia financiera.
Redacción Web
