En en análisis de ALas845 conversamos sobre, “Veto al decreto 7-2025 sobre Codedes”.
Los invitados fueron el diputado Inés Castillo, jefe de bancada de la UNE; y Hugo Peña, secretario ejecutivo de Comunidad Elefante.
Peña dijo que el veto “se esperaba”, y resaltó los “vicios de inconstitucionalidad” por el traslado de recursos al 2026.
“Lo que habría que hacerse es ponerse de acuerdo el organismo Ejecutivo, los nueve diputados que representan al presidente y el resto de las bancadas no importando el color que tengan, para corregir esto porque tiene salidas y lo peor que nosotros nos podría pasar es que un presupuesto tan alto de extraordinarios, que van a los Consejos de Desarrollo, se vayan como saldo de caja del gobierno que el año entrante pueda hacer con ese dinero lo que quiera”, dijo.
Peña insistió en que la normativa puede ser perfeccionada pues “hay necesidad de llevar obra” al interior del país.
“Nosotros creemos que vetarlo es retroceder a un modelo de exceso de análisis que genera parálisis, pero no hay que desecharlo yo creo que lo que hay que hacer es ampliarlo y perfeccionarlo y eso se puede conseguir únicamente con el liderazgo del jefe de Estado porque tiene emisarios y además de eso también que los diputados distritales independientemente del partido al que pertenezcan hoy están necesitados de llevar obra porque la cultura política en este caso que se ha cimentado es tan prostituida que todos los alcaldes creen que a través de llevar la obra la gente va a quedar contenta con lo que están haciendo cuando en realidad lo que nosotros debiéramos de hacer es un tener un plan de futuro y de largo plazo”, dijo.
Fue enfático en decir que no está de acuerdo en el veto, porque aún puede representar la “integración de intereses comunitarios”.
“O sea yo estoy de acuerdo en que él (Arévalo) tiene la posibilidad todavía de sentarse con los diputados de las diferentes bancadas y de hacer un llamado a la unidad y un llamado a la integración verdaderamente de los intereses comunitarios en primer lugar para no desecharlo sino ampliarlo y perfeccionarlo”, recalcó.
Castillo por su lado tuvo una breve participación por problemas técnicos de comunicación, y solo dijo que el veto debía ser analizado para observar si fue aplicado por “razones constitucionales o políticas”.
“Lo que yo digo es que primero hay que analizar las razones del veto, si son de carácter constitucional de carácter político, partiendo de ello ya el Congreso tendrá que analizar ver como está la correlación de fuerzas; para ver si conviene rechazar el veto o hacer las correcciones”, dijo.
Peña por su lado, dijo que existe una parte del sector privado que está de acuerdo y no con el veto, y lo que tenían “eran ya planificados amparos para que eso de todos modos se cayera”.
“Eso significa no entender la realidad del país. Entonces el argumento número uno es vicios de inconstitucionalidad al no permitir trasladar saldos no ejecutados al año siguiente. Así es. Esa es esa es razón fundamental eminentemente fundamentada y técnica porque en el doscientos treinta y siete de la Constitución existe el principio de unidad del presupuesto; eso quiere decir todos los fondos que ingresan al caudal del Estado son fondos comunes e indivisibles de acuerdo”, y sugirió al presidente fundamentarse en el artículo 238 de la Carta Magna, que señala que “permite comprometer recursos para obras o servicios multianuales”, pue si se busca continuidad en los proyectos, el mecanismo es lícito.
