El ministerio público los acusó de diferentes hechos delictivos, pero en todos el patrón seguía siendo el mismo, organizarse para exigir pagos de extorsión a comerciantes y pilotos en Chimaltenango, motivo por el cual el Tribunal de Mayor riesgo A, encontró culpables a 23 miembros de la Mara Salvatrucha.
Finalmente, el tribunal impuso penas que van desde los 8 hasta los 18 años y 8 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito.