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OJ confirma caso de Covid-19 en Torre de Tribunales

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El Organismo Judicial (OJ) confirmó este sábado un caso de Covid-19 en la Torre de Tribunales.

El Organismo Judicial (OJ) confirmó este sábado un caso de Covid-19 en la Torre de Tribunales.

El caso se registró en el juzgado de paz penal de faltas de turno.

Así lo informó el OJ este sábado en un comunicado, luego de los protocolos que son establecidos por el Comité de Emergencia del Organismo.

El OJ informa que el trabajador se encuentra estable y se activaron los protocolos sanitarios con sus compañeros de turno, quienes están en cuarentena preventiva.

Además se procedió a una desinfección del área de trabajo relacionada con el colaborador.

Protección no sería para todos

En la Torre de Tribunales, las autoridades han implementado un protocolo de limpieza de las diferentes sedes judiciales así como oficinas administrativas.

Sin embargo, trabajadores argumentaron que protecciones para evitar el contagio solo son empleadas a favor de los jueces.

De esa cuenta, la gerencia general colocó mamparas protectoras de acrílico en los escritorios donde se colocan los jueces para dirigir las diferentes audiencias; sin embargo,  solamente se protege al juzgador más no a su personal.

Se denuncia que el personal como oficiales o comisarios que también tienen contacto con los juzgadores, quedan desprotegidos.

Sin embargo, luego de hacer notar que esa protección para evitar contagios de Covid-19 era únicamente para jueces en las salas de audiencia, el pasado 20 de mayo se inició a colocar este sistema para oficiales en audiencias, sindicados y fiscales.

Pero a criterio de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, no todos los trabajadores judiciales deben tener esta protección

Tribunales vuelven a funcionar

Por otra parte, como se informó hace unos días, los tribunales de sentencia penal y los juzgados de extinción de dominio volverán a sus labores a partir del próximo lunes 8 de junio.

Según se establece, en el caso de los Tribunales de Sentencia Penal, será para conocer y resolver asuntos en materia constitucional, prórrogas de privación de libertad y revisiones de las medidas de coerción de acuerdo a su competencia.

En el caso de los juzgados de extinción de dominio, deberán conocer todos los procesos conforme a su respectiva competencia.

 

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