Siguiendo con el análisis de la coyuntura electoral, en ALas845 del jueves, tres expertos en derecho conversaron sobre las diligencias que realizó el MP en el TSE ese día.
La discusión se centró en la duda sobre si la Sub directora del Registro de Ciudadanos tiene actualmente el derecho de antejuicio, al tomar las funciones del titular de la entidad Ramiro Muñoz, quien goza de un periodo de vacaciones.
Freddy Sánchez, catedrático universitario; Ignacio Andrade, de la Asociación por la Defensa de la República (ADER); y José Luis González Dubón, Doctor en Derecho, tuvieron posturas diversas sobre este extremo.
Sánchez dijo que el derecho de antejuicio le sigue a la actual Directora en funciones, pues está realizando procesos que competen al titular de la entidad.
“Ella es nombrada interinamente en el cargo. La hace dejar un cargo y ocupar otro. En la ley en la materia sobre el antejuicio no aparece un artículo, pero lo importante es que está ocupando interinamente y relacionándose a funciones del cargo. A mi juicio sí tiene antejuicio”, dijo.
González Dubón adversó esta postura y señaló que la funcionaria no ha sido nombrada al momento para estar al frente de la entidad.
“No se ha nombrado un nuevo registrador de ciudadanos. Tiene que prestar juramento a la Constitución. No puede haber dos registradores a su vez. Es tergiversar que la subregistradora es registradora también. Para mi esto no amerita mayor discusión”, explicó.
Andrade sí estuvo de acuerdo con Sánchez y comparó la situación de un magistrado suplente a quien en determinado momento debe resolver sobre una disputa.
“La ley electoral dice que en caso de ausencia del registrador, el cargo lo tiene interino la persona que nombre el TSE. Basado en la ley, sí existe este derecho de antejuicio. Es como un magistrado que le toca ejercer, de forma interina por una una resolución particular”, señaló.
Dubón insistió con que el MP y la FECI están actuando en derecho y aseguró que el tema es fácil de dilucidar.
“La Corte dejó clarísimo todo. Jurídicamente el asunto es muy sencillo. Circula por las redes sociales los documentos que acreditan que firmaron 12 muertos. También de otras personas que estaban fuera del país y firmaron su afiliación. Lo que hizo Semilla de falsificar firmas se conoce en derecho como fraude de ley, que sanciona con nulidad absoluto, que quiere decir que nunca nacieron a la vida jurídica”, agregó.
