Tras el rechazo in limine dictaminado por la Corte Suprema de Justicia a las peticiones de antejuicio que el Ministerio Público formuló contra el binomio presidencial y cuatro diputados del partido Movimiento Semilla, quienes supuestamente tienen algún vínculo con el caso de la toma de la Universidad de San Carlos, la Fiscalía contra Delitos contra el Patrimonio Nacional ha presentado nuevos requerimientos contra funcionarios del gobierno.
Previamente, el ente investigador había anunciado que reformularía sus peticiones, insistiendo en que los implicados tienen algún vínculo con la protesta realizada en 2022 contra la designación de Walter Mazariegos como rector de esa universidad, afirmando que dicha protesta fue utilizada como plataforma política para obtener votos en las elecciones de 2023.
Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado información a la Secretaría General de la Presidencia, al presidente del Congreso de la República, a la Dirección Legislativa y al Ministerio de Educación sobre las siguientes personas:
- Bernardo Arévalo – Presidente
- Karin Herrera – Vicepresidente
- Jonathan Menkos – Ministro de Finanzas y Diputado
- Eduardo Velásquez – Director de INAP
- Raúl Barrera – Diputado
- Román Castellanos – Diputado
- David Illescas – Diputado
- Andrea Villagrán – Diputada
- Elena Motta – Diputada
- Samuel Pérez – Diputado
- José Carlos Sanabria – Diputado
- Marcela Blanco – Asesora en congreso y Mineduc
Según los oficios enviados por el Ministerio Público las 3 entidades tienen un plazo de 48 horas para enviar los documentos requeridos.
Por: Sergio Osegueda
