Ejecutivo envía iniciativa de ley para reactivar la pena de muerte

Compartir:

El Organismo Ejecutivo ha enviado una propuesta de ley al Legislativo que propone reactivar la pena de muerte en Guatemala, la misma está firmada por el Presidente Alejandro Giammattei.

Al Pleno del Congreso fue enviada este miércoles una propuesta de ley que reactivar la pena de muerte en nuestro país, lo cual ha sido enviado por el Organismo Ejecutivo y por tanto firmada por el Presidente Alejandro Giammattei.

Esta propuesta fue leída mientras se desarrollaba la sesión plenaria de este miércoles y se informó que será remitida a la Comisión de Defensa y Derechos Humanos, para sus respectivo análisis.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión de Defensa, Armando Melgar Padilla, indicó que este caso lo primero que se debe hacer es que se haga una denuncia al pacto de San José, para que el Presidente tenga la posibilidad de hacer los indultos necesarios a la pena de muerte.

Actualmente en Guatemala la pena de muerte no esta activa debido a que en 1,969 Guatemala firmó el famoso Pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos más conocida como “Pacto de San José”.

Este documento restringe la aplicación de la pena de muerte, en los países firmantes, lo cual está regulado en el capítulo II Derechos Civiles y Políticos, Artículo 4.

En la actualidad según la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención.

A pesar de que Guatemala suscribió estos acuerdos de la OEA ejecutó varias veces después la pena capital, a través de fusilamiento e inyección letal siendo la última el 29 de junio de 2000.

Ahora 23 años más de su utilización por última vez, el Ejecutivo busca que se vuelva a reactivar en Guatemala.

Por Bryan Choy

Deje su comentario

Le puede interesar

PDH cuestionado tras compra millonaria de vehículos

El Procurador de Derechos Humanos, Alejandro Cordova, justificó la compra de vehículos de la institución indicando que es para uso de los trabajadores en las distintas auxiliaturas, luego de una fiscalización por diputados de la UNE.