Diputados buscan avanzar con el dictamen de dos iniciativas de ley en los próximos días, relacionadas con delitos de extorsión y fortalecimiento al sector justicia.

La Comisión de Reformas al Sector Justicia avanzó esta semana con el análisis de la iniciativa 6547, que propone reformas al Código Penal y a la Ley contra la Narcoactividad, relacionadas con la modificación del límite máximo de prisión.

En esta ocasión se discutieron las medidas sustitutivas contempladas en la propuesta de decreto; sin embargo, los diputados señalaron que el cobro de entre uno y cinco salarios mínimos diarios es una cifra impagable para la mayoría de la población.

Por ello, la iniciativa plantea modificar el rango actual —que va de Q5 a Q100 diarios— por un monto significativamente más alto.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, quien preside esta sala de trabajo, advirtió que tal incremento podría convertirse en una forma de doble condena para las personas privadas de libertad.

Según explicó, exigir una suma tan elevada restringiría el acceso a este beneficio legal, especialmente entre quienes enfrentan condiciones económicas precarias.

La Comisión también abrió espacio para la discusión de la iniciativa 6536, conocida como la Ley contra las Extorsiones, que avanza en el Congreso como parte de la respuesta a uno de los delitos que más afecta a la población y al sector productivo.

Entre los puntos más relevantes de esta propuesta destaca la facultad que se otorgaría a la Superintendencia de Telecomunicaciones para bloquear dispositivos móviles mediante el número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI). Esta herramienta permitiría desactivar celulares robados o no registrados, los cuales suelen ser utilizados por estructuras criminales desde distintos puntos del país, incluyendo centros penitenciarios, para realizar llamadas de extorsión.

Se espera que en la próxima reunión de la comisión se logre un dictamen favorable sobre ambas iniciativas de ley.

Por Bryan Choy